ENSAYO EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR FRENTE A LOS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL EN EL ECUADOR

Por Juan Arroyo C. 

“Una de las cosas más afortunadas que te pueden suceder en la vida es tener una infancia feliz”.  Agatha Christie

Tener  una infancia feliz es una de  las cosas más hermosas que le puedo suceder a cualquier ser humano. Efectivamente vivir esta etapa con amor, alegría, paz, protegidos en un entorno familiar y estatal, brinda las condiciones necesarias para el desarrollo y crecimiento óptimo del menor en la sociedad.

El principio del interés superior del menor constituye un conjunto de acciones adoptadas por los Estados, la familia y la sociedad,  direccionadas a garantizar derechos de bienestar integral y vida digna de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, el Ecuador ha hecho grandes esfuerzos por formular y aplicar políticas sociales a favor de estos grupos vulnerables. ¿Los resultados son favorables? En cierta forma hay mejoras, pero la violación de derechos es una situación que preocupa, y mucho más cuando se cometen contra la integridad. En efecto, una realidad social de delitos sexuales en contra de menores que obedecen a la falta de protección integral, por lo que es válido un análisis de esta situación a nivel de la normativa, delitos y  las acciones de prevención, reacción y seguimiento.

La verdad,  en el país no se usa responsablemente este principio, que es universal a la humanidad y el eje de protección integral del menor, así lo proclama la normativa internacional y nacional, para citar: La Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959) en su principio 2 dice: “El niño gozará de una protección especial […], para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente […]. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño” (p.3). La Convención de los Derechos del Menor (1989), en su artículo 3,  manifiesta que  “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” (p.2). La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su artículo 44, determina que “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y aseguran el ejercicio pleno de sus derechos, se atenderá al principio de su interés superior […]”(p.45).

En este contexto, el Código de la Niñez y Adolescencia, recoge el principio del interés superior del niño, niña y adolescente como normativa rectora del desarrollo de la protección integral. En su artículo 11 expresa que:

El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla (p.2).

Las leyes evidencian la importancia esencial de este principio en el ejercicio de derechos de los menores, que involucra acciones responsables de tutela familiar, del Estado y de la sociedad, para un desarrollo y crecimiento integral en ambientes familiares y sociales, llenos de afectividad y seguridad. Al respecto, el papa Francisco en unos de sus mensajes diarios menciona que “Estamos llamados a defender y custodiar la vida humana, especialmente en el seno materno, en la infancia, […]”.

Es pertinente reiterar que el uso responsable del principio de interés superior del menor en el país no se concreta en una  protección integral, el respeto a la integridad sexual es uno de los derechos más violentados, no hay el debido amparo y resguardo por parte del Estado, la familia y la sociedad, así lo demuestran los numerosos hechos de delitos sexuales en los últimos años.

Sociedades Historias (2017), muestra un informe de la Coalición de Mujeres del Ecuador presentado ante el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas en octubre de 2016, en el cual se revela las dramáticas cifras de la violencia sexual  contra niñas, niños y adolescentes en el Ecuador, aquí algunos datos: “En el  2013, de  las 634 denuncias de violencia  sexual  contra niñas  y adolescentes  registradas, el 85% se  relacionaba  con  violaciones  contra  niñas y adolescentes […]. Menos del 6% de este tipo de denuncias fueron procesadas […]”;  “Según cifras del Anuario de Estadísticas Vitales del INEC, 1950 niñas se embarazaron el año 2014. Entre algunas de las principales causas  relacionadas con el embarazo en adolescentes en Ecuador, se reconoce el abuso sexual”; “Sólo el 10,8% de todas las mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violencia logran efectuar la  denuncia, y el: “40% de niñas y  adolescentes abusadas no dieron a conocer el hecho a ninguna persona; esto debido a que al 28 % de las que avisaron no les creyeron; y al 16,3 % les pidieron que no digan nada de lo sucedido. El resultado es que sólo una  tercera parte del  total de niñas y adolescentes abusadas  fueron atendidas o recibieron alguna respuesta”.

El Ministerio de Educación entre el 2014 y el 2017 tiene registrados 882 casos de violencia sexual, dentro y fuera del sistema educativo del país. De los 882 casos, 561 corresponden a situaciones vinculadas al sistema educativo, entre los que están: docentes, administrativos, estudiantes y otros. Al momento existen 463 sumarios administrativos (Diario el Universo, 2017).

Fiscalía General del Ecuador (2017) “En el ámbito nacional, durante el 2016, la Fiscalía General del Estado (FGE) conoció 114 denuncias referentes a los delitos de pornografía en niños y niñas menores de 10 años y a la comercialización del material”.

Otros datos refieren:  Diario el Comercio (2017) “340 profesores están indagados por denuncias de abuso sexual a estudiantes”; El Desconcierto.cl (2017) “Fiscalía ecuatoriana descubre más de 100 casos de abusos sexuales a menores en un colegio.”; El Comercio (2017) “Una de cada 10 mujeres en el país fue víctima de abuso sexual en su infancia o adolescencia”;; Redacción Médica (2017) informa que “Por cada caso denunciado de abuso sexual a menores hay otros 5 ocultos”; Diario el Universo(2017), “Según la Dirección Criminal de la Fiscalía, entre 2014 y el 2017 se reportaron 13.671 denuncias por abuso sexual”

Violencia sexual contra los menores que deja ver el frágil o nulo sistema de protección integral, no correspondido con el principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes, que busca garantizar un desarrollo armónico e integral. Cifras alarmantes de abuso sexual y embarazos adolescentes, impunidad, silencio, víctimas sin apoyo y asistencia oportuna, configuran un círculo vicioso enraizado en nuestra sociedad, con afectación significativa a corto y largo plazo en lo emocional, social y psicológico.

Lo más difícil de asimilar es la consecución o cometimiento  de estos delitos de abuso sexual  en los ambientes más cercanos al menor, así es, en los centros educativos y el seno familiar. Se supone que estos son los lugares concebidos como seguros para los niños, niñas, y adolescentes, pero lastimosamente la verdad es otra, son espacios propicios para consumar en hechos los pensamientos de los pedófilos o pederastas.

La familia, si la familia es el núcleo de la sociedad, el espacio de amor, convivencia y  regocijo de todo ser humano, además tiene la encomienda  de amparar a los más indefensos “niños, niñas y adolescentes”. Roles fundamentales de la familia que necesitan ser apoyados por el Estado. Esto se debe concretizar en brindar estabilidad en lo laboral, educación, asistencia social, salud y seguridad, para mitigar la ruptura familiar que también es otro mal que aqueja a la sociedad ecuatoriana y que al final por lo general deja en desabrigo a los menores.

Al ser los casos de abuso sexual una constante en los centros educativos, se hace necesario la revisión y auditoría de todo el sistema educativo ecuatoriano, ya que son claras las falencias y negligencias registradas  en los delitos sexuales contra los estudiantes. Se necesita autoridades y docentes competentes en lo afectivo e intelectual, que realicen la acción pedagógica con vocación y amor, pero para esto, el Estado tiene el trabajo de despolitizar la educación que ha estado secuestrada, permitiendo que ciudadanos sin preparación ocupen cargos docentes y directivos, contraviniendo la norma que por ejemplo manda en la designación de rectores de los colegios tener título de cuarto nivel y experiencia docentes 12 años.

Ahora bien, la Constitución  del Ecuador (2008) es clara en su artículo 164 sobre los derechos que asisten al menor, lo que da la responsabilidad al Estado de cuidado, protección, respeto a la integridad física y psíquica,  seguridad social, disfrute de la convivencia familia y comunitaria, al respeto de su libertad y dignidad.  Es tarea del Estado ecuatoriano velar por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes para lo cual debe agotar todos los esfuerzos posibles en la prevención y tratamiento de los menores, usando los protocolos adecuados.

El Estado mediante los organismos pertinentes tiene la responsabilidad de emprender acciones efectivas en la prevención, reacción y tratamiento de los delitos sexuales, que incluya la revisión de normativas, mejora de canales de comunicación y denuncias, capacitaciones, acompañamiento familiar, crear organismos adecuados y especializados, la formación adecuada y selección de ciudadanos probos para el trabajo con niños, niñas y adolescentes.

A saber, el COIP (2014) tipifica los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, en su artículo 166 sobre el Acoso Sexual refiere “La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral, docente, religiosa o familiar, sea tutora o tutora, […]”;  Art. 167 Estupro “La persona mayor de dieciocho años que recurriendo al engaño tenga relaciones sexuales con otra, mayor de catorce y menor de dieciocho años […]”; Art. 171 Violación “Es violación el acceso carnaval, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril a una persona de cualquier sexo”; Art. 170 Abuso Sexual “La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal”; Art. 168 Distribución de Material Pornográfico a niños, niñas y Adolescentes “Las personas que difundan, vendan o entreguen a niños, niñas o adolescentes, material pornográfico, serán sentenciados con penas privativas de libertad de uno a tres años”; Art. 277 Omisión de Denuncia “La persona que en calidad servidor o servidora público y en función de su cargo, conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no la pongan inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionado con pena privativa de libertad de quince a treinta días averiguar p.” Artículo 422 hay la obligación de denunciar.  (p.47 Y 48).

Es necesaria una reforma al COIP, con penas más fuertes a las personas que cometen delitos contra los niños, niñas y adolescentes. Hay la actitud positiva por parte del Estado de proteger  a este grupo vulnerable. El Presidente Lenín Moreno  incluyó el 2 de octubre de 2017 en la Consulta Popular la pregunta sobre protección de los menores. “¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador, para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes?”. Es bueno la no prescripción de este tipo de delitos. Palazzo (2017) explica tres razones muy convincentes: “La primera  es que las marcas del abuso para un niño no prescriben, entonces por qué deben prescribir las consecuencias para un abusador. La segunda, que los abusos no tienen testigos, los únicos testigos son las víctimas. Por esos es importante que se crea al niño cuando da su testimonio, y que este sea prueba en el caso. Y el tercero es que los tiempos de la justicia en Ecuador son lentísimos”.

Por otra parte, Importante son los protocoles para la prevención y tratamiento de menores abusados sexualmente, ya que el interés superior del menor es lo prioritario, la finalidad es protegerlo y garantizarle seguridad y bienestar. Así lo estable la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 34 y 35 “Los gobiernos deben proteger a los niños y niñas de todas las formas de explotación y abusos sexuales y tomar todas las medidas posibles para asegurar que no se les secuestra, se les vende o se trafica con ellos”.

Para concluir, es necesario retomar las palabras del papa Francisco, que hace un llamado de  humanidad para “Defender y custodiar la vida humana, especialmente en el seno materno, en la infancia, […]”.  Y en este contexto los padres, familiares, educadores, policías, autoridades y todas las personas debemos respetar y proteger a los niños, niñas y adolescentes ante cualquier tipo abuso sexual. Los protocolos de prevención, reacción o actuación, y de seguimiento, frente a hechos de los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes deben ser eficientes, ya que por encima de todo está el principio de interés superior del niño, niña y adolescente.

.Fuentes Bibliográficas

  • Declaración Universal de los Derechos del Niño. Aprobada por la ONU el 20 de Noviembre de 1959. Recuperado de https://www.oas.org.
  • Convención de los Derechos del Menor. Aprobada el 20 de Noviembre de 1989. Recuperado de http://www.un.org.
  • Constitución de la República del Ecuador. Publicada en el Registro Oficial 20 de Octubre de 2008.
  • Código de la Niñez y Adolescencia. Congreso Nacional del Ecuador. Publicado por Ley No. 100. en Registro Oficial 737 de 3 de Enero del 2003.
  • Papa Francisco (2017). [Custodia y Defensa de la Vida Humana]. Recuperado dehttps://twitter.com/Pontifex_es.
  • Plan V. (2017). Ecuador el país de la violencia sin límites. Sociedades Historia. Recuperado de http://www.planv.com.
  • (13 de Octubre de 2017). 882 casos de violencia y delitos sexuales registra el Ministerio de Educación entre el 2014 y el 2017. Diario el Universo. Recuperado de eluniverso.com.
  • Fiscalía General del Ecuador (2017). El Abuso Sexual Infantil en la mirada de la Fiscalía. Recuperado de http://www.fiscalia.gob.ec.
  • (26 de Junio de 2017). 340 profesores están indagados por denuncias de abuso sexual a estudiantes. Diario el Comercio. Recuperado de elcomercio.com.
  • (16 de Octubre de 2017). Fiscalía ecuatoriana descubre más de 100 casos de abusos sexuales a menores en un colegio. Diario el Desconcierto. Recuperado de eldesconcierto.cl.
  • (16 de Octubre de 2017). Una de cada 10 mujeres en el país fue víctima de abuso sexual en su infancia o adolescencia. Diario el Comercio. Recuperado de elcomercio.com.
  • Redacción Médica (2017). Por cada caso denunciado de abuso sexual a menores hay otros 5 ocultos. Recuperado de redaccionmedica.ec.
  • (24 de Octubre de 2017). Cifras y denuncias sustentan la pregunta en la consulta sobre abuso de niños. Diario el Universo. Recuperado de eluniverso.com.
  • Código Orgánico Integral Penal. Asamblea Nacional del Ecuador. Registro Oficial N° 180 de 10 de Febrero de 2014. Quito. CEP Corporación de Estudios y Publicaciones. Universidad Técnica Particular de Loja.
  • Palazo L. (24 de Octubre de 2017). Especialista de Unicef: Es importante que se crea al niño cuando da testimonio (sobre abusos). Diario el Universo. Recuperado de eluniverso.com.

ENSAYO ¿QUÉ FACTORES DIFICULTAN QUE EL PROCESO DE ADOPCIÓN SEA ÁGIL, DINÁMICO Y EFECTIVO EN EL PAÍS? COMPARACIÓN JURÍDICA ENTRE ECUADOR Y ESPAÑA.

La adopción es un mecanismo de acogimiento familiar, que tiene como finalidad brindar una familia a niños, niñas y adolescentes, en el estricto respeto de sus derechos de interés superior, sin embargo este proceso, implica una serie de normativas implementadas por los países a fin de precautelar el bienestar del adoptado. Además se puede concebir a la adopción como el derecho de familia que tiene una persona de formar parte de un grupo humano, de tener un padre, una madre, hermanos, sean cualquiera que fueren las circunstancias en que un individuo quede desprotegido, y es ahí en este sentido la importancia del Estado de garantizar este derecho por medio de todos los mecanismos adecuados, salvaguardando un proceso armonioso de adopción que permita el pleno desarrollo del niño o adolescente en un ambiente familiar que les brinde las condiciones necesarias para su estabilidad personal y profesional y principalmente un espacio lleno de amor. Pero lastimosamente muchas veces se vuelve engorroso, tedioso y tardado, y es allí que se plantea la interrogante, ¿Qué factores dificultan que el proceso de adopción sea ágil, dinámico y efectivo?

Es en este contexto que este trabajo tiene como propósito presentar un análisis del proceso de adopción en el Ecuador y España, en base a los factores que influyen en su efectividad, para tener juicios de valor, y se puedan plantear las mejoras pertinentes  al asunto de la adopción.

Los contenidos a tratarse en este trabajo es  relacionado a los factores que hacen de la adopción de niños, niñas y adolescentes no sea armónica, ágil y eficiente, como es el caso del tiempo, la burocracia, entre otros, así se plantean conclusiones y recomendaciones en busca de mejorar esta situación, para beneficio del interés superior del niño.

El valor del presente ensayo radica en su vinculación con el interés familiar y social, en razón de que abre el debate sobre la eficiencia de los procesos de adopción llevados a cabo por las entidades responsables, en busca de acuerdos teniendo como fundamentos argumentos razonados. Y que además permita formular nuevas normativas de adopción que sean más favorables en tiempo y en condiciones a la familia y el adoptado.

Es una realidad que en el Ecuador se han dado avances positivos en los procesos de adopción, pero sin embargo todavía existen factores que dificultan su agilidad, dinamismo y efectividad.

En el Ecuador, la entidad encargada de llevar a cabo los procesos de adopción es el MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social, quien tiene la misión de garantizar una familia permanente y definitiva al niño, niña o adolescente que se encuentre en aptitud social y legal para ser adoptado/a. Son familias o personas solas, capacitadas, idóneas, sensibles, comprometidas, con una visión de derechos para aceptar el rol de madres y padres adoptivas/os. Quienes estén dispuestos a asumir   apropiadamente: la crianza, protección, cariño, educación, salud, buen trato, contribuyendo con amor al buen vivir y a la garantía de derechos.

Cabe indicar que el Código de la Niñez y Adolescencia contempla dos fases para el proceso de adopción; una administrativa y la otra judicial. La fase administrativa según este instrumento legal tiene por objeto estudiar e informar sobre la situación física, psicológica, legal, familiar y social de la persona que va a adoptarse; Declarar la idoneidad de los candidatos a adoptantes, y, Asignar, mediante resolución administrativa, una familia a un niño, niña o adolescente. Esta facultad es privativa del Comité de Asignación Familiar correspondiente. La fase judicial corresponde al juicio de adopción que se iniciará una vez concluida la fase administrativa y se ajustará al procedimiento señalado en el artículo 175, que establece, el juicio de adopción se iniciará una vez concluida la fase administrativa; procedimiento a través del cual, por sentencia judicial se declara la calidad de hija o hijo y padres adoptivos y se ordena la inscripción en el Registro Civil. Esta fase es responsabilidad de los Juzgados Civiles, Juzgados Multicompetentes, Juzgados de la Niñez y Adolescencia y de las Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Función Judicial a nivel nacional.

El procedimiento para la fase administrativa, que en primera instancia el interesado debe acercarse o contactarse con una de las Unidades Técnicas de Adopción Zonales (dependiendo del domicilio), donde se recibe orientación, se registra información básica y se obtiene una cita para una entrevista preliminar; Entrevista preliminar con la persona o pareja solicitante de adopción; Participación en los círculos de formación de padres adoptivos 2 sesiones de 8 horas para desarrollo de 5 módulos; Presentación de la solicitud y los medios de verificación completes; Evaluación psico-social individual y de pareja de ser el caso; Estudio de hogar; Declaración de la idoneidad o no de los solicitantes a adopción; Asignación del niño, niña o adolescente; Aceptación o no de la familia; Proceso de emparentamiento, éste se da una vez que existe la aceptación de  la familia, si el proceso de emparentamiento es exitoso, el niño, niña o adolescente pasa a vivir con su familia; Seguimientos post-adoptivos durante 2 años.

Como se puede observar, el proceso de adopción a nivel nacional, tiene como meta precautelar el principio de interés superior del niño, que es tener una familia idónea, donde pueda vivir plenamente y en felicidad. Efectivamente hay unos requisitos previos para la adopción, que luego son verificados, para de ahí dar paso al procedimiento en sí. Se incluye las prohibiciones, para no cometer errores que vayan en contra del niño. Por último hay una fase judicial, donde las autoridades pertinentes dan paso y aprobación del proceso. Cabe indicar también que el MIES realiza también un seguimiento post adoptivo para que se cumpla con lo acordado en el proceso.

Es necesario puntualizar que el proceso de adopción en la fase administrativa y judicial, en aras de ser  un asunto eficiente ha encontrado dificultades que se convierten en hechos muy preocupantes y tediosos para las familias adoptantes. Un primer factor a enumerar es el tiempo de trámite, que hace algunos años tenía una duración de 3 a 10 años, lo que era una verdadera odisea de las familias que en muchos casos al final terminaban desistiendo del propósito trazado de ser padres adoptivos. Esto obliga al MIES, mediante Acuerdo Ministerial 0194 de fecha marzo de 201,  establecer plazos para agilitar el proceso de  declaratoria de adopción, se da un plazo de 72 horas para que las casas de acogimiento avisen al juez sobre el niño abandonado y comience la tramitación, para la cual se hace un trabajo multidisciplinario entre el MIES, Casa de Acogimiento, Juzgado de la Niñez y Adolescencia, Fiscalía y Dinapen, y en base a informes médicos, sociales y psicológicos se resolverá por parte del juez en un tiempo de seis meses la reinserción familiar o la declaratoria de adoptabilidad, que también está acompañada de la idoneidad de la familia,  previa capacitación de las parejas con un tiempo de cinco jornadas de capacitación al año. Es decir dos procesos diferentes y con sus tiempos, la idoneidad referente a la capacitación y preparación de la familia y  la adoptabilidad en razón del niño, niña, y adolescente que va ser declarado idóneo o no por las autoridades competentes.

Lo que se puede observar, aunque se han mejorado los tiempos de tramitación en los procesos de adopción, las familias siguen sufriendo la incertidumbre de conocer si van a ser favorecidas o no con la adopción, ya que no es suficiente para lograr agilidad y eficiencia. Un estudio del MIES de 2013, revela que el 7% de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la atención de cualquier modalidad de acogimiento, deben esperar más de dos años para obtener la medida judicial que legalice dicho acogimiento.

Otro factor que afecta el desarrollo de los trámites de adopción es la dilación de los procesos por administradores y funcionares públicos, que no miran el interés superior del niño, sino que se aferran a una tramitología o burocracia inútil que no ayuda en nada el proceso. A saber  según información del diario la Hora, en el año 2013 alrededor de 1800 niños esperaban ser adoptados, la triste realidad es que muchos de ellos no pudieron ser acogidos, por lo engorroso del papeleo, privando a los menores de tener un hogar o familia que le brinde cariño. Sor Carlota Terrero, directora del Alberque Padre Julio Villarroel de Loja, quien, ha sido testigo de cuatro adopciones, y menciona en la última una pareja de estadounidenses que, luego de más de cuatro años, logró adoptar a Miguel, un niño abandonado a los cinco años. Asimismo en este año,  en la Casa Hogar San Vicente Paúl existían 84 niños adoptables, sin embargo, sólo cuatro tenían la sentencia del juez. Este es el caso de la pequeña Emilia (nombre protegido), quien ingresó a este centro con cinco días de nacida, pues fue abandonada en la maternidad. Recién a sus seis años obtuvo la sentencia del juez, según cuenta María Taipe, trabajadora social de la institución.

 Muy esencial a considerar en la ineficiencia del proceso de adopción es la falta de preparación emocional de la familia y el niño, niña y adolescente, es obvio que esto es lo más importante, ya que el ambiente social y cultura en que se han desarrollado estos dos actores pudo haber sido negativo o positivo, y sus efectos de inserción y de relación familiar no daría los resultados adecuados de una convivencia armónicas. Esto implica una deficiente preparación en lo psicológico, social, espiritual, que se estaría contra el interés superior del niño, que necesita todas las garantías y ayudas para que su vida futura sea plena y saludable.

En comparación con España el Ecuador ha mejorado los tiempos de los procesos de adopción, que pueden ser de un año y no más de 5 como era antes, en el país Ibérico se habla de algunos años para que una familia tenga la adopción de un niño. Puri Biniés coordinadora de familias adoptantes de Andalucía manifiesta, que el gran obstáculo es el tiempo de espera: la media es de 8 a 9 años, aunque últimamente se ha reducido a 4 por el aumento de la adopción internacional.

Aunque el Ecuador se sigue con los mismos requisitos para el proceso de adopción, en lo internacional se han endurecidos, y España no es la excepción, principalmente por el marco legislativo y el Convenio de la Haya, que buscan precautelar el interés superior del niño. Alicia asesora familiar, expone que los trámites para adoptar un niño en España tienen que llevarlos a cabo las personas interesadas, las cuales deberán dirigirse en primer lugar a los Servicios de Protección de Menores de su comunidad autónoma, y solicitar el certificado de idoneidad, que es un documento que acredita que la persona o personas reúnen las capacidades necesarias para adoptar ya que deben quedar garantizados en todo momento la protección del menor y el respeto a sus derechos fundamentales. A partir de este momento, comienza todo un proceso de entrevistas y visitas para conocer el domicilio en el que pasaría a vivir el adoptado, además de la presentación de numerosos documentos. Durante este tiempo, hay que realizar un curso de preparación. Una vez que termina este proceso, si se concede la idoneidad por las Autoridades competentes a la persona que desea adoptar, ésta pasa a una lista de selección para que se le proponga un menor para adoptar. Comienza el acogimiento familiar preadoptivo, que es un procedimiento por el que el menor pasa a vivir un tiempo en casa de sus futuros padres adoptivos. Si todo va bien, la entidad pública correspondiente propone la adopción, que tiene que ser aprobada por el Juez. El proceso termina en el Registro civil, donde se inscribe la adopción y se cambian los apellidos del hijo adoptivo.

Es importante que el proceso administrativo de adopción a nivel de Ecuador y España, se direcciona en base los tratados y convenios internacionales entre los países. En este caso, según el Convenio de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional, y en cuyo texto establece el objeto de la adopción: Establecer garantías para que las adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto a los derechos fundamentales que le reconoce el Derecho internacional; Instaurar un sistema de cooperación entre los Estados contratantes que asegure el respeto a dichas garantías y, en consecuencia, prevenga la sustracción, la venta o el tráfico de niños; Asegurar el reconocimiento en los Estados contratantes de las adopciones realizadas de acuerdo con el Convenio.

La adopción por parejas en unión de hecho si está permitido en Ecuador y España, es decir la unión de un hombre y una mujer, no parejas de igual sexo unida por más de tres años, en matrimonio o unión de hecho que cumpla los requisitos legales.

La normativa ecuatoriana y española, coinciden como característica de la adopción “la irrevocabilidad, salvo por situaciones de fuerza mayor, que tendrán que ser resueltas por las autoridades competentes.

En el Ecuador, la Constitución de la República, prohíbe la adopción por parte de parejas del mismo sexo, mientras que en España, las parejas del mismo sexo si pueden adoptar, pero con la condición de que se encuentren casadas.

En España las competencias o procesos de adopción son llevados a cabo por las comunidades autónomas, con sus propias particularidades, mientras que el Ecuador contempla la competencia de adopción en el Ministerio de Inclusión Ecómica MIES, que es la entidad encargada de realizar el proceso.

En Ecuador y España, las adopciones se llevan a cabo por resoluciones judiciales de las autoridades competentes luego de concluidos los procesos administrativos, que validen todos los requisitos solicitados para tal efecto.

Es importante concluir algunas ideas sobre los procesos de adopción de niños, niñas y adolescentes, ya que se constituyen en aportes que direccionan la necesidad de llevar en las diferentes instancias responsables una tramitación responsable de la adopción, armónica y eficiente.

Se puede decir que la adopción es un mecanismo que busca precautelar el interés superior del niño, garantizándole el derecho a tener una familia idónea, que le permita un desarrollo armónico y feliz a lo largo de su crecimiento, y en cuyo proceso las autoridades administrativas y judiciales deben velar por su cumplimiento efectivo.

Así también se puede mencionar que en la actualidad existen factores como el tiempo, la tramitología o burocracia, ineficiencia de funcionarios entre oros,  que aún demoran o no hacen que los trámites de adopción sean ágiles, armoniosos y efectivos, sino más bien siguen siendo engorrosos para las familias, aun habiéndose mejorados los tiempos.

También hay que recalcar que la adopción a nivel nacional e internacional ha concentrado la debida atención, en razón de que existen convenios y acuerdos entre países, como también normativas internas de cada Estado, que regulan los procesos y garantizan la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Para terminar, si bien es cierto que existen las normativas legales de los procesos de adopción para precautelar el interés superior del niño, niña y adolescente, en la práctica falta mucho por hacer, inhibiendo la eficiencia para que una familia tenga un hijo de forma armónica y no tediosa y frustrante.

La adopción es un mecanismo que busca el amparo de un niño, niña y adolescente de una familia idónea, y al tener las casas de acogidas muchos niños para adoptar, es necesario la motivación de la ciudadanía con campañas e información adecuada por diferentes medios y forma permanente.

Es importante el compromiso y profesionalismo de las personas responsables del proceso de adopción, y para ellos deben ser seleccionados de forma rigurosa y capacitada continuamente para que su acción sea eficiente en beneficio del niño, niña y adolescente.

Las casas de acogidas deben contar con personal multidisciplinario calificado y si no los hay el MIES, tendría que brindar el apoyo adecuado, y así hacer de la estadía del niño, niña y adolescente feliz, y esté preparado social, espiritual, emocional y psicológicamente para ser adoptado por determinada familia.

La preparación y formación de las familias adoptante es fundamental, y a más de habilidades e información a impartir en el proceso, hay tratar la capacitación social, psicológica, emocional y espiritual para el éxito de la adopción, y la estabilidad familiar, ya que ambos actores familia y adoptado se enfrentar a una vida.

Ensayo de Derecho

N°3– 04/07/2017

Por Juan Javier Arroyo C.

 

 BIBLIOGRAFÍA

  1. Alemany C. (2016) “Procedimiento para la Tramitacón de la Adopción Internacional. Propuesta de Mejora”. Trabajo de Grado de Gestión y Aministración Pública. Valencia. Universodad Politécnica de Valencia.
  2. Ministerio de Gracias y Justicia de España [24 de julio de 1889] Articulos 9, 172, 173, 175, 180, 336. Código Civil de España. [Modificación – 6 de octubre de 2015].
  3. Congreso Nacional de la República del Ecuador [17 de diciembre del año dos mil dos] Articulos 11, 151, 152, 155, 163, 175, 180, 183, 184, 186. Código de la Niñez y Adolescencia. [Ley 2 de 2003].
  4. Decreto 372 de la Comunidad Autónoma de Murcia – España [30 de noviembre de 2007] “Proceso para solicitar la declaración de idoneidad”. Recuperado de https://www.carm.es/.