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En las últimas décadas, la lucha por la igualdad de género ha llevado a importantes avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Uno de los campos en los que ha habido un cambio significativo es en el ámbito jurídico, especialmente en relación con la mujer casada que trabaja. Mediante reformas legales, se han establecido distintos regímenes económicos matrimoniales que otorgan a la mujer casada el derecho a administrar y disponer libremente de los frutos de su trabajo.
Este contrato garantiza la estabilidad del trabajador, razón por la cual, será llamado a prestar sus servicios en cada temporada posterior. Sin embargo, este contrato podrá terminar anticipadamente por las causales establecidas en los artículos 169, 172 y 173 del Código del Trabajo.
Contrato de trabajo reconocido en el Código del Trabajo, artículos 331 – 335: Regulaciones relaciones entre empleador y obrero agrícola. Empleador agrícola es el que se dedica por cuenta propia al cultivo de la tierra, sea que dirija la explotación personalmente o por medio de representantes o administradores. Obrero agrícola es el que ejecuta para otras labores agrícolas mediante remuneración en dinero en efectivo. Puede ser jornalero o destajero. Jornalero es el que presta sus servicios en labores agrícolas, mediante jornal percibido en dinero y fijado por el convenio, la ley o la costumbre. Destajero es el que trabaja por unidades de obra, mediante la remuneración convenida para cada una de ellas.
Estos contratos tendrán un incremento del 35% del valor de hora del salario básico del sector al que corresponda tal como los determina Art. 17 párrafo segundo del Código del Trabajo, contabilizado directamente con los días efectivamente trabajados.
En lo que respecta a las obligaciones, derechos y prohibiciones del empleador y trabajador, estos se sujetan estrictamente a lo dispuesto en el Código de Trabajo en su Capítulo IV “De las obligaciones del Empleador y del Trabajador”, a más de las estipuladas en este contrato.
El contrato de trabajo es el convenio por el cual una persona se compromete con otra a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada por acuerdo entre las partes que, en el Ecuador, no puede ser menor al Salario Básico Unificado vigente.
El CONTRATADO está obligado, entre otras cosas y sin perjuicio de lo previsto por las leyes y reglamentos vigentes en la República del Ecuador, a desarrollar con total transparencia, honestidad, prolijidad y ética, las tareas que se le confíen.
De conformidad a lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General y demás normativa legal vigente, las instituciones, entidades y organismos públicos sujetas al ámbito de este instructivo, deberán a través de las Unidades de Administración del Talento Humano - UATH institucionales, o quienes hicieren sus veces, solicitar a la Dirección de Empleo y Reconversión Laboral del Ministerio del Trabajo la autorización laboral previo al ingreso de personas extranjeras al sector público.
Entre LA CONTRATANTE y EL CONTRATADO no existe relación laboral o de dependencia alguna, ni, consecuentemente sometimiento al Código del Trabajo y Leyes del Seguro Social Obligatorio. No hay subordinación jurídica ni de ninguna otra especie que pudiera significar relación laboral entre las partes o sus dependientes, puesto que EL CONTRATADO prestará sus servicios profesionales a LA CONTRATANTE de manera libre, independiente y autónoma.
Normativa aplicable en el derecho laboral, sustitutos directos e inclusión laboral de personas con discapacidad. Para tal efecto, el amparo de los derechos de este sector vulnerable es consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, Ley Orgánica de Discapacidades, Código del Trabajo, Acuerdo No. MDT-2018-0175: Instructivo que regula el porcentaje de inclusión laboral de personas con discapacidad, y Norma para calificación de sustitutos de personas con discapacidad Acuerdo Ministerial 180.
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