Derecho al montepío, a la tutela judicial efectiva y juicio de coactiva

Sentencia No. 889-20-JP/21 CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

En el caso del cobro de una deuda por servicio telefónico a una mujer adulta mayor, con discapacidad y en condición de pobreza, que recibía su pensión de montepío, mediante juicio de coactiva, la Corte Constitucional analiza los derechos a la atención prioritaria, la pensión de montepío, a servicios públicos de calidad y desarrolla el derecho la tutela judicial efectiva de derechos.

ACCIÓN DE PROTECCIÓN PARA LA TUTELA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JUBILADAS

EMBARGO Y/O RETENCIÓN DE LA PENSIÓN JUBILAR EN PROCESOS COACTIVOS SENTENCIA 105-10-JP/21CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

La Corte Constitucional analiza la procedencia del embargo y/o la retención de la pensión jubilar de los sujetos con calidad de jubilados que se encuentran involucrados en procesos coactivos en entidades públicas. Este Organismo determina que no procede el embargo ni retención de las pensiones jubilares en un proceso coactivo por prohibición expresa del artículo 371 de la Constitución de la República excepto cuando el valor cuyo pago se persigue provenga de una obligación con el IESS o el BIESS, siempre que, precautelando el derecho constitucional a la vida digna, en el proceso de coactiva se pruebe que el deudor o los deudores puedan satisfacer sus necesidades básicas. En caso de que el deudor o deudores no puedan alcanzar las condiciones mínimas de subsistencia, deberán suscribir un convenio de facilidades de pago para solventar la deuda cuyo pago se persigue o buscar otras alternativas de pago.

En ningún caso, las personas en condición de jubilados por cualquier causa legal, quedan exentas de cumplir con el pago de las obligaciones adquiridas, en la medida en que no se afecten sus condiciones mínimas de subsistencia. Corresponde en estos casos a las autoridades ejecutoras, velar por la protección de los derechos constitucionales de los deudores y aplicar las medidas adecuadas y necesarias para el cobro de la deuda.

Esta sentencia produce efectos hacia el futuro, de conformidad a lo expuesto en el párrafo 74 ut supra.

Disponer que el IESS, BIESS y las instituciones que ejercen la potestad coactiva, adecúen sus reglamentos internos e instructivos, a fin de que se operativicen la prohibición de embargar las pensiones jubilares, de acuerdo a las reglas jurisprudenciales establecidas en esta sentencia en los párrafos 71a y 71b ut supra. En este contexto, las referidas instituciones deberán establecer procedimientos internos para determinar si la pensión jubilar constituye el único ingreso del deudor.

Disponer que el IESS, BIESS y las instituciones que ejercen la potestad coactiva, organicen periódicamente capacitaciones dirigidas a los servidores encargados de los procesos coactivos, respecto de las reglas jurisprudenciales determinadas en esta sentencia.

SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL – Constitución de la República del Ecuador 2008

SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN

La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.

El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior.

La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados.

LA CORTE CONSTITCIONAL

La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia. Ejerce jurisdicción nacional y su sede es la ciudad de Quito.

La Corte Constitucional es aquel órgano que tiene a su cargo, principalmente, hacer efectiva la Supremacía de la Constitución; además la atribución de revisar la adecuación de las leyes, y eventualmente de los proyectos de ley y los decretos del poder ejecutivo, realizando un examen de constitucionalidad de tales actos.

La Corte Constitucional estará integrada por nueve miembros que ejercerán sus funciones en plenario y en salas de acuerdo con la ley. Desempeñarán sus cargos por un periodo de nueve años, sin reelección inmediata y serán renovados por tercios cada tres años.

¿Cuáles son las principales atribuciones de la Corte Constitucional?

1. Interpretar la Constitución

2. Administrar justicia constitucional

3. Sancionar las violaciones a los derechos constitucionales

Es decir, las competencias de la Corte Constitucional son:

1. Interpretar la Constitución

2. Revolver la acción pública de inconstitucionalidad

3. Declarar la inconstitucionalidad por omisión

4. Realizar excepcionalmente el control de constitucionalidad de las decisiones judiciales

5. Resolver las acciones de incumplimiento

6. Dirimir conflictos de competencia

7. Controlar las declaratorias de Estados de excepción

8. Hacer dictámenes previos de constitucionalidad de algunas materias

REFORMA CONSTITUCIONAL

La reforma constitucional constituye los procesos normativos establecidos en la Ley, para modificar de forma parcial o totalmente la Constitución.

La Constitución del 2008, establece dos trámites para que la Constitución pueda ser reformada, la enmienda y la reforma parcial. La enmienda, que tiene procedimientos distintos en sí misma, una por vía parlamentaria y otra por la del referéndum constitucional; y, la reforma parcial en la que es preciso obtener la aprobación de la legislatura, para proseguir con un referéndum constitucional.

Enmienda. La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará:

1. Mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la República, o por la ciudadanía con el respaldo de al menos el ocho por ciento de las personas inscritas en el registro electoral.

2. Por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. El proyecto se tramitará en dos debates; el segundo debate se realizará de modo impostergable en los treinta días siguientes al año de realizado el primero. La reforma sólo se aprobará si obtiene el respaldo de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional.

Reforma. La reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos y garantías constitucionales, ni modifique el procedimiento de reforma de la Constitución tendrá lugar por iniciativa de la Presidenta o Presidente de la República, o a solicitud de la ciudadanía con el respaldo de al menos el uno por ciento de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el registro electoral, o mediante resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional.

La iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos dos debates. El segundo debate se realizará al menos noventa días después del primero. El proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional se convocará a referéndum dentro de los cuarenta y cinco días siguientes.

Para la aprobación en referéndum se requerirá al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Una vez aprobada la reforma en referéndum, y dentro de los siete días siguientes, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación.

La Corte Constitucional calificará cuál de los procedimientos previstos en este capítulo corresponde en cada caso.

Nueva Constitución. La asamblea constituyente sólo podrá ser convocada a través de consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por la Presidenta o Presidente de la República, por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, o por el doce por ciento de las personas inscritas en el registro electoral. La consulta deberá incluir la forma de elección de las representantes y los representantes y las reglas del proceso electoral. La nueva Constitución, para su entrada en vigencia, requerirá ser aprobada mediante referéndum con la mitad más uno de los votos válidos.

Constitución de la República del Ecuador 2008

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS Y REGÍMENES ESPECIALES DEL ESTADO ECUATORIANO – Competencias Exclusivas

PRINCIPIOS GENERALES

Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales.

El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo.

Los gobiernos autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales. Las juntas parroquiales rurales tendrán facultades reglamentarias. Todos los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.

La planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados.

ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO

El Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población podrán constituirse regímenes especiales.

Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes especiales.

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS Y REGÍMENES ESPECIALES

En definitiva, el gobierno autónomo descentralizado es un tipo de autoridad reconocida en la Constitución de la República tiene por objeto establecer una autoridad que organice, regule bajo ciertas normas específicas una parte del territorio provincial, regional y metropolitano en diferentes ámbitos como son: salud, educación, vivienda, servicios sociales, etc., en busca de mejores formas de vida y satisfacción de las necesidades de los habitantes que gobierna

Competencias exclusivas

Gobiernos Regionales. Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias:

1. Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, provincial, cantonal y parroquial.

2. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de consejos de cuenca, de acuerdo con la ley.

3. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el cantonal en tanto no lo asuman las municipalidades.

4. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional.

5. Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las organizaciones sociales de carácter regional.

6. Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo regional, en el marco de la planificación nacional.

7. Fomentar las actividades productivas regionales.

8. Fomentar la seguridad alimentaria regional.

9. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias

Gobiernos provinciales. Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley:

1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial.

2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas.

3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y micro cuencas.

4. La gestión ambiental provincial.

5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 6. Fomentar la actividad agropecuaria.

7. Fomentar las actividades productivas provinciales.

8. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.

Gobiernos Municipales. Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:

1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural.

2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.

4. Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley.

5. Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras.

6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal.

7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley.

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines.

9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley.

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas. 12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras.

13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios.

14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.

Distritos metropolitanos. Los gobiernos de los distritos metropolitanos autónomos ejercerán las competencias que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que sean aplicables de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley que regule el sistema nacional de competencias.

Gobiernos parroquiales. Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley:

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.

2. Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales.

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural.

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno. 6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.

FUENTE: Constitución de la República del Ecuador

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO – Constitución de la República del Ecuador 2008

Los elementos constitutivos son las partes que conforman el Estado, y lo constituyen como tal, para que tenga razón de ser. Estos elementos son el territorio, población, soberanía y gobierno.

Forma de Gobierno y Estado

Nuestra Constitución señala los PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, sobre los cuales se rige el Estado; relacionados a la forma de Estado y Gobierno, símbolos patrios, idiomas oficiales, deberes del Estado, territorio del Estado, y territorio de paz. También la carta Magna hace referencia, a las CIUDADANAS y los CIUDADANOS; que trata de la nacionalidad ecuatoriana, ecuatorianos por nacimientos, ecuatorianos por naturalización, e igualdad de derechos.

Es preciso aclarar que Gobierno y Estado son conceptos diferentes. El Gobierno es una estructura política en el caso del Ecuador regentado por el Presidente y sus ministros, que ejercen los poderes del Estado, emanados de la Constitución. El Estado es una forma de organización política y jurídica de la sociedad e instituciones competentes en la formulación de la política pública, sustentado en un marco legal, derivado de la Constitución, y que ejerce su poder en un territorio previamente establecido. En otras palabras, Estado es el sistema que cada país tiene para organizarse y mantener su unidad.

El Gobierno ejerce el poder del Estado, cambia, pasa y se transforma, mientras que el Estado permanece en el tiempo, y entrega el poder al Gobierno por medio de un orden jurídico.

La Constitución de la República establece que el Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia «Porque es garante de los derechos de las personas y el bienestar colectivo»; Es un Estado social, «Porque busca la solidaridad, equidad e igualdad para alcanzar la justicia social»; Es un Estado democrático «Porque tenemos la potestad de elegir y ser elegidos»; Un Estado soberano «La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución»; Es un Estado independiente «Porque es autónomo y no depende de otro país, gobernado por un poder ejecutivo, ejercido por el presidente »; Es un Estado unitario «Porque solo existe un centro poder, un solo gobierno regentado por el Presidente, y además se establece también un solo orden jurídico»;, Es un Estado intercultural «Porque existen muchas culturas»; Es un Estado plurinacional «Por la variedad de nacionalidades y pueblos»; y es un Estado laico «Por cuanto establece la libertad de organización o creencias religiosas»;.

El Ecuador se organiza en forma de república «Por cuanto está gobernado por un Presidente, elegido por el pueblo» y se gobierna de manera descentralizada «Porque el poder no recae en una sola región, sino que recae en diversos organismos, ministerios, instituciones, distribuidos en cada uno de las provincias».

Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable «Porque le pertenecen a la nación, y no se pueden enajenar, ceder, transmitir o vender», irrenunciable «Porque también le pertenecen a la nación, y no alberga la posibilidad de ser renunciado» e imprescriptible «Porque no se pueden extinguir, perecer, y perder vigencia por el transcurso del tiempo».

¿Cuáles son los símbolos de la Patria? El Ecuador tiene sus propios símbolos patrios, como son: la bandera «Que representa al Ecuador como país y al pueblo ecuatoriano a nivel mundial, se identifica con la nacionalidad de los ciudadanos»; el escudo «Símbolo que representa los elementos del Estado ecuatoriano; la grandeza espiritual de la patria, el heroísmo de nuestros pueblos; es símbolo de honor, justicia y espíritu emprendedor de su gente». y el himno nacional «Composición musical patriótica y cívica del pueblo ecuatoriano, que nos identifica y une».

¿Y el idioma oficial de los ecuatorianos? El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso.

Vamos a revisar los deberes primordiales del Estado ecuatoriano, que básicamente se refieren a: Garantizar el efectivo goce de los derechos, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes; garantizar y defender la soberanía nacional; fortalecer la unidad nacional en la diversidad; garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico; planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir; promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización; proteger el patrimonio natural y cultural del país; garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.

Otro elemento constitucional que damos a conocer es el territorio. El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales.

El territorio ecuatoriano comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y el espacio suprayacente continental, insular y marítimo.

El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará contra la unidad territorial ni fomentará la secesión.

El Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria, los espacios marítimos y la Antártida.

El Ecuador territorio de paz. El Ecuador es un Estado soberano que no permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Asimismo, se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.

¿Quiénes son los ciudadanos del Estado ecuatoriano? Todos los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad.

Ecuatorianos por nacimiento. Son aquellas personas nacidas en el Ecuador; las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad; Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de frontera.

Ecuatorianos por naturalización. Son aquellas personas que: Obtengan la carta de naturalización; extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o ecuatoriano, que conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen voluntad contraria; nacidas en el exterior de madre o padre ecuatorianos por naturalización, mientras aquéllas sean menores de edad; conservarán la nacionalidad ecuatoriana si no expresan voluntad contraria; las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con una ecuatoriana o un ecuatoriano, de acuerdo con la ley; las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicios relevantes al país con su talento o esfuerzo individual.

Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen. La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá por renuncia expresa.

Para concluir, hacemos constancia de los deberes y derechos de los extranjeros. Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución.

Por Juan Javier Arroyo C.

Las Garantías Constitucionales en el Ecuador

Por Juan Javier Arroyo C.

15 de diciembre de 2018

La Constitución de la República del Ecuador establece garantías constitucionales, definidas como los medios jurídicos para la protección de derechos fundamentales de los ciudadanos cuando son vulnerados por la arbitrariedad e ilegalidad.  Estas herramientas jurídicas corresponden a las garantías normativas; políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana; y, las garantías jurisdiccionales.

Las garantías normativas como lo indica el artículo 84, es un instrumento jurídico que obliga la adecuación de las normas y leyes en estricto respeto de los derechos previstos en la Constitución y los Tratados Internacionales. En ningún caso las reformas a las leyes podrán contravenir las disposiciones constitucionales con relación al ejercicio de derechos.

Políticas públicas, servicios públicos y participación ciudadana, artículo 85, hace referencia a las disposiciones que regulan las políticas y servicios públicos para garantizar los derechos consagrados en la Constitución, y que se orientan a la consecución del buen vivir, el principio de solidaridad, interés general por sobre del interés particular, distribución equitativa del presupuesto, adopción de medidas alternativas ante la vulneración de derechos, y participación ciudadana.

Las garantías jurisdiccionales constituyen acciones jurisdiccionales para la aplicación inmediata en defensa o tutela de los derechos que se encuentran consagrados en la Constitución de la República, y son: La Acción de Protección, Acción de Hábeas Corpus, Acceso a la Información Pública, Acción de Hábeas Data, Acción por Incumplimiento, y Acción Extraordinaria de Protección.

La garantía jurisdiccional de la Acción de Protección como su nombre lo indica protege los derechos constitucionales contra un acto ilegítimo de autoridad pública o un acto u omisión que hubiere sido realizado por personas que presten servicios públicos o actúen por delegación de una autoridad pública. Por ejemplo, en el caso de un ciudadano que trabaja en una institución pública, y por razones de simpatizar con un determinado partido político es destituido de su cargo, podrá interponer este recurso para demandar ante cualquier juez o jueza la restitución de su derecho al trabajo, contemplado en el artículo 33 de la Constitución.

La garantía jurisdiccional de la Acción de Hábeas Corpus, según el artículo 89 de la Constitución tiene como objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria e ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. Se puede hacer uso de esta Acción en el caso de que un ciudadano sea privado de su libertad por participar de una marcha pacífica en protesta de la corrupción por parte de las entidades de justicia.

La garantía jurisdiccional de Acceso a la Información Pública, de acuerdo al artículo 91 de la Constitución, tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna. Ejemplo: La ciudadanía de un determinado cantón decide usar este recurso, ya que no está conforme con la rendición de cuentas del alcalde, aduciendo que los gastos publicados no muestran la realidad de inversión de las obras, y es en este sentido que han solicitado por escrito en reiteradas ocasiones mayor información, pero no han recibido una respuesta positiva.

La garantía jurisdiccional de Acción de Hábeas Data, en el artículo 92 de la Constitución establece el derecho de toda persona para “acceder a los documentos, datos genéricos, bancos o archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas… tendrá derecho a conocer el uso que se haga de ellos, su finalidad…” Ejemplo: Se podrá interponer la acción de hábeas data cuando se da uso de la información personal que viole un derecho constitucional, sin autorización expresa, salvo cuando exista orden de jueza o juez competente.

 La garantía jurisdiccional de Acción por Incumplimiento, en el artículo 93 de la Constitución establece que esta acción tendrá por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico, así como el cumplimiento de sentencias o informes de organismos internacionales de derechos humanos. Ejemplo: La Confederación Kichwa del Ecuador ECUARUNARI presentó el miércoles 10 de junio de 2013 una Acción de Incumplimiento Constitucional a fin que se cumpla la sentencia constitucional 0008-09-IN y 0011-09-IN, que obliga a consultar la Ley Minera (Fuente: http://www.servindi.org.).

 La garantía jurisdiccional de Acción Extraordinaria de Protección, en el artículo 94 de la Constitución establece que procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución. Ejemplo: La Acción Extraordinaria de Protección que presentó Chevrón ante la Corte Constitucional para anular  el juicio que la sentenció a pagar una indemnización de $9 500 millones por daño ambiental en la Amazonía ecuatoriana.

Fuente: Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 20 de Octubre de 2008. Quito – Ecuador.