Nueva disposición legal, informe de pertinencia de la Contraloría General del Estado, previo a todos los procesos de contratación pública.

La Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en Materia Anticorrupción, Suplemento 392, publicado en el Registro Oficial de 17 de febrero del 2021, en su parte pertinente efectúa reformas inherentes al ámbito de la contratación pública a varios cuerpos legales, entre ellos la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

En lo relativo a este último Cuerpo Legal, la Ley Reformatoria dispone insertar a continuación del Art. 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, lo siguiente:

“Art. 18.1.- Informe de pertinencia previo a todos los procesos de contratación Pública. .La Contraloría General del Estado emitirá un informe de pertinencia, como requisito previo a la suscripción de los procesos de contratación pública determinados en la ley del a materia, por parte de las entidades y organismos del sector público, incluyendo las empresas púbicas u subsidiarias, los financiados con préstamos y/o cooperación, o que se encuentran bajo el régimen especial, en el marco de una declaratoria de emergencia  o estado de excepción. Sin prejuicio de que, posteriormente, pueda realizar los controles previstos para estos procedimientos de contratación.

El objetivo del informe es determinar la pertinencia y favorabilidad para la consumación de la contratación pública. Se regirá bajo los principios de legalidad, celeridad y transparencia; y analizará la pertinencia de la contratación conforme a los parámetros establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional e Contratación Pública; y, de manera  específica, analizará el presupuesto referencial, el monto de la contratación, el tipo del a contratación, el plazo, la legalidad y la transparencia de la contratación pública.

Este informe se entregará en el plazo máximo de quince (15) días, contados a partir de la notificación de la solicitud realizada por la entidad contratante;: y , en el caso de los procesos bajo el régimen especial, de emergencia o estado de excepción, el plazo para su entrega será de setenta y dos (72) horas, contados a partir de la notificación de la solicitud realizada por la entidad contratante.

Si transcurrido el plazo la Contraloría General del Estado no entrega el informe de pertinencia, se considerará como favorable, para proceder con la contratación y constituirá causal de destitución del funcionario a cargo del informe.

En ningún caso se podrá excepcionar de este requisito previo a la suscripción de contratos que se suscriban en el marco de una declaratoria de emergencia o estado de excepción.

La Contraloría General del Estado determinará los documentos que deban adjuntarse a la solicitud. Si la entidad contratante no los adjunta, están incompletos o son imprecisos, se devolverá la solicitud, y el término será contrato a partir de la fecha en que se cumpla lo dispuesto en este artículo.

Una vez emitido el informe previo por parte de la Contraloría General del Estado, las entidades y organismos del sector público podrán proceder a la celebración del contrato correspondiente, tomando en cuenta las observaciones que se hubieren formulado.

Es obligación de la autoridad nacional de contratación pública informar a la Contraloría General del Estado, cada vez que conozca sobre el incumplimiento de lo señalado en este artículo.”

Disposición legal vigente desde el 17 de agosto de 2021.

Derechos y deberes de las personas en el ejercicio de la administración pública

El Código Orgánico Administrativo COA en su artículo 31 establece que las personas son titulares del derecho a la buena administración pública, que se concreta en la aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales, la ley y este Código.

DERECHOS DE LAS PERSONAS

Derecho de petición. Las personas tienen derecho a formular peticiones, individual o colectivamente, ante las administraciones públicas y a recibir respuestas motivadas, de forma oportuna.

Debido procedimiento administrativo. Las personas tienen derecho a un procedimiento administrativo ajustado a las previsiones del ordenamiento jurídico.

Acceso a los servicios públicos. Las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos, conocer en detalle los términos de su prestación y formular reclamaciones sobre esta materia.

Se consideran servicios públicos aquellos cuya titularidad ha sido reservada al sector público en la Constitución o en una ley.

Se consideran servicios públicos impropios aquellos cuya titularidad no ha sido reservada al sector público. Las administraciones públicas intervendrán en su regulación, control y de modo excepcional, en su gestión.

Restricciones sobre requisitos formales. Las administraciones públicas no podrán exigir, para ningún trámite o procedimiento, partidas actualizadas de nacimiento, de estado civil o defunción, salvo el caso de cambio de estado civil.

Tampoco se exigirá partida de nacimiento cuando se actuaciones o los procedimientos administrativos, cuando sean requeridos.

Interés general y promoción de los derechos constitucionales. Las administraciones públicas sirven con objetividad al interés general. Actúan para promover y garantizar el real y efectivo goce de los derechos. Fomentan la participación de las personas para que contribuyan activamente a definir el interés general

DEBERES DE LAS PERSONAS

Deber general de solidaridad. Las personas deben promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular. Deben participar en la realización de los derechos y garantías, cumpliendo, para este propósito, con los deberes que el ordenamiento jurídico impone.

Respeto al ordenamiento jurídico y a la autoridad legítima. Las personas cumplirán, sin necesidad de requerimiento adicional, con lo dispuesto en la Constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico en general y las decisiones adoptadas por autoridad competente.

Abstención de conductas abusivas del derecho. Las personas ejercerán con responsabilidad sus derechos, evitando conductas abusivas. Se entiende por conducta abusiva aquella que, fundada en un derecho, causa daño a terceros o al interés general.

Las personas se abstendrán de emplear actuaciones dilatorias en los procedimientos administrativos; de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos falsos; o. formular afirmaciones temerarias u otras conductas contrarias al principio de buena fe.

Deber de colaboración con las administraciones públicas. Las personas deben colaborar con la actividad de las administraciones públicas y el buen desarrollo de los procedimientos.

Facilitarán a las administraciones públicas informes, inspecciones y otros actos de investigación en los casos previstos por el ordenamiento jurídico.

Proporcionarán a las administraciones públicas actuantes, información dirigida a identificar a otras personas no comparecientes con interés legítimo en el procedimiento.

Comparecerán ante los titulares de los órganos administrativos responsables de la tramitación de las actuaciones o los procedimientos administrativos, cuando sean requeridos. Denunciarán los actos de corrupción.

Fuente

Código Orgánico de la Administración, publicado en el Registro Oficial  N° 31 del 7 de julio de 2017. Asamblea Nacional del Ecuador.

APLICACIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COA — LÁPIZ SOCIAL

Código Orgánico de la Administración, publicado en el Registro Oficial  N° 31 del 7 de julio de 2017. Asamblea Nacional del Ecuador. El COA es la ley que regula el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el sector público, regentada por principios proclamados en la Constitución de la República del Ecuador […]

APLICACIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COA — LÁPIZ SOCIAL