PEDAGOGO, INVESTIGADOR Y ESCRITOR. Magíster en Desarrollo de la Inteligencia y Educación de la Universidad Católica del Ecuador-Sede Ibarra. Abogado UTPL.
Corte Nacional de Justicia, Resolución No. 10-2021, Art. 3.- Declarar como PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL OBLIGATORIO, el punto de derecho que contiene la siguiente regla: “El artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece un plazo o término fatal, según corresponda, de cumplimiento obligatorio por parte del ente de control, vencido el cual opera la caducidad de la facultad contralora y determina que la aprobación del informe de auditoría gubernamental esté viciada de nulidad absoluta, toda vez que el funcionario público que lo apruebe ha perdido competencia en razón del tiempo; por lo que la Contraloría General del Estado en sede administrativa, o los Tribunales de lo Contencioso Administrativo en sede jurisdiccional, están obligados a declararla de oficio o a petición de parte, en aplicación de la garantía de preclusión y del principio de la seguridad jurídica”.
LÍNEA ARGUMENTAL COMÚN La Sala Especializada de lo Contencioso Administrativo de la Corte Nacional de Justicia ha desarrollado y reiterado la siguiente línea argumental, respecto del problema jurídico resuelto en los fallos ya mencionados:
– Que el término previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado para la aprobación de los informes de auditoría gubernamental es un plazo o término fatal, según corresponda, que determina la caducidad de la facultad de control;
– Que la aprobación de dichos informes fuera del término en mención está viciada de nulidad absoluta, toda vez que el funcionario público que lo apruebe ha perdido competencia en razón del tiempo; y,
– Que hacerlo dentro del término de la referencia constituye una garantía ciudadana para la mejor aplicación del derecho y del principio de seguridad jurídica constante en el artículo 82 de la Constitución de la República, por lo que la misma Contraloría General del Estado y los Tribunales de lo Contencioso Administrativo están obligados a declararla de oficio o a petición de parte.
Los elementos constitutivos son las partes que conforman el Estado, y lo constituyen como tal, para que tenga razón de ser. Estos elementos son el territorio, población, soberanía y gobierno.
Nuestra Constitución señala los PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, sobre los cuales se rige el Estado; relacionados a la forma de Estado y Gobierno, símbolos patrios, idiomas oficiales, deberes del Estado, territorio del Estado, y territorio de paz. También la carta Magna hace referencia, a las CIUDADANAS y los CIUDADANOS; que trata de la nacionalidad ecuatoriana, ecuatorianos por nacimiento, ecuatorianos por naturalización, e igualdad de derechos.
Es preciso aclarar que Gobierno y Estado son conceptos diferentes. El Gobierno es una estructura política en el caso del Ecuador regentado por un presidente y sus ministros, que ejercen los poderes del Estado, emanados de la Constitución. El Estado es una forma de organización política y jurídica de la sociedad e instituciones competentes en la formulación de la política pública, sustentado en un marco legal, derivado de la Constitución.
El Gobierno ejerce el poder del Estado, cambia, pasa y se transforma, mientras que el Estado permanece en el tiempo, y entrega el poder al Gobierno por medio de un orden jurídico.
La Constitución de la República establece que el Ecuador es un Estado Constitucional dederechos y justicia «Porque es garante de los derechos de las personas y el bienestar colectivo»; Es un Estado social, «Porque busca la solidaridad, equidad e igualdad para alcanzar la justicia social»; Es un Estado democrático «Porque tenemos la potestad de elegir y ser elegidos»; Un Estado soberano «La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución»; Es un Estadoindependiente «Porque es autónomo y no depende de otro país, gobernado por un poder ejecutivo, ejercido por el presidente »; Es un Estado unitario«Porque solo existe un centro poder, un solo gobierno regentado por el Presidente, y además se establece también un solo orden jurídico»;, Es un Estado intercultural «Porque existen muchas culturas»; Es un Estado plurinacional«Por la variedad de nacionalidades y pueblos»; y es un Estado laico «Por cuanto establece la libertad de organización o creencias religiosas»;.
El Ecuador se organiza en forma de república «Por cuanto está gobernado por un presidente, elegido por el pueblo» y se gobierna de manera descentralizada «Porque el poder no recae en una sola región, sino que recae en diversos organismos, ministerios, instituciones, distribuidos en cada uno de las provincias».
Los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable «Porque le pertenecen a la nación, y no se pueden enajenar, ceder, transmitir o vender», irrenunciable «Porque también le pertenecen a la nación, y no alberga la posibilidad de ser renunciado» e imprescriptible«Porque no se pueden extinguir, perecer, y perder vigencia por el transcurso del tiempo».
El Ecuador tiene sus propios símbolos patrios, como son: la bandera«Que representa al Ecuador como país y al pueblo ecuatoriano a nivel mundial, se identifica con la nacionalidad de los ciudadanos»; el escudo«Símbolo que representa los elementos del Estado ecuatoriano; la grandeza espiritual de la patria, el heroísmo de nuestros pueblos; es símbolo de honor, justicia y espíritu emprendedor de su gente». y el himno nacional«Composición musical patriótica y cívica del pueblo ecuatoriano, que nos identifica y une».
El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las zonas donde habitan y en los términos que fija la ley. El Estado respetará y estimulará su conservación y uso.
Los deberes primordiales del Estado ecuatoriano, básicamente se refieren a: Garantizar el efectivo goce de los derechos, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes; garantizar y defender la soberanía nacional; Fortalecer la unidad nacional en la diversidad; garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico; Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir; promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización; y, proteger el patrimonio natural y cultural del país; Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.
Otro elemento constitucional es el territorio. El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y pueblos ancestrales.
El territorio ecuatoriano comprende el espacio continental y marítimo, las islas adyacentes, el mar territorial, el Archipiélago de Galápagos, el suelo, la plataforma submarina, el subsuelo y el espacio suprayacente continental, insular y marítimo.
El territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará contra la unidad territorial ni fomentará la secesión.
El Estado ecuatoriano ejercerá derechos sobre los segmentos correspondientes de la órbita sincrónica geoestacionaria, los espacios marítimos y la Antártida.
El Ecuador es un Estado soberano que no permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Asimismo, se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras.
Todos los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad.
Ecuatorianos por nacimiento. Son aquellas personas nacidas en el Ecuador; las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador; y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad; Las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de frontera.
Ecuatorianos por naturalización. Son aquellas personas que: Obtengan la carta de naturalización; extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o ecuatoriano, que conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen voluntad contraria; nacidas en el exterior de madre o padre ecuatorianos por naturalización, mientras aquéllas sean menores de edad; conservarán la nacionalidad ecuatoriana si no expresan voluntad contraria; las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con una ecuatoriana o un ecuatoriano, de acuerdo con la ley; y, as que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicios relevantes al país con su talento o esfuerzo individual.
Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen. La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá por renuncia expresa.
Para concluir se hace constancia de los deberes y derechos de los extranjeros. Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución.
Fuente: CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Decreto Legislativo 0 Registro Oficial 449 de 20-oct-2008 Ultima modificación: 13-jul-2011 Estado: Vigente. Pág. 25-28.
En la Sentencia No. 232-15- JP/21 (Derecho al agua y servicio de agua potable de grupos de atención prioritaria). Quito, D.M.,28 de julio de2021 CASO No. 232-15-JP EL PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONAL LEGALES, EMITE LA SENTENCIA que declara vulnerados los derechos al agua, a la atención prioritaria de adultos mayores y de personas con discapacidad y el derecho a la tutela judicial efectiva reconocidos en los artículos 12, 35 y 75 de la Constitución de la República del Ecuador.
Esta Sentencia es a la vulneración de derechos de adulta mayor de 93 años y su hijo de 60 años, ambos con discapacidad física, 89% y 75% respectivamente. Personas vulnerables que no registran afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ni al Seguro Social Campesino y, pese a su situación económica, no reciben el bono de desarrollo otorgado por el Gobierno Nacional.
Hace algunos años a esta familia en condición de vulnerabilidad se le retiró el medidor de agua potable por falta de pago del servicio, colocándole unos tapones para impedir el paso del agua y un sello en el que se le informa que debía acercarse a cancelar los valores adeudados para la reinstalación del servicio. La falta de servicio de agua potable le provocó algunas dificultades, como la noche en el que se le retiró su medidor donde tuvo que pedir agua a sus vecinos para poder tomar sus medicinas.
La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.
La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.
El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.
En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior.
La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados.
LA CORTE CONSTITCIONAL
La Corte Constitucional es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia. Ejerce jurisdicción nacional y su sede es la ciudad de Quito.
La Corte Constitucional es aquel órgano que tiene a su cargo, principalmente, hacer efectiva la Supremacía de la Constitución; además la atribución de revisar la adecuación de las leyes, y eventualmente de los proyectos de ley y los decretos del poder ejecutivo, realizando un examen de constitucionalidad de tales actos.
La Corte Constitucional estará integrada por nueve miembros que ejercerán sus funciones en plenario y en salas de acuerdo con la ley. Desempeñarán sus cargos por un periodo de nueve años, sin reelección inmediata y serán renovados por tercios cada tres años.
¿Cuáles son las principales atribuciones de la Corte Constitucional?
Las principales atribuciones de la Corte Constitucional son, interpretar la Constitución, administrar justicia constitucional, y sancionar las violaciones a los derechos constitucionales.
REFORMA CONSTITUCIONAL
La reforma constitucional constituye los procesos normativos establecidos en la Ley, para modificar de forma parcial o totalmente la Constitución.
La Constitución del 2008, establece dos trámites para que la Constitución pueda ser reformada, la enmienda y la reforma parcial. La enmienda, que tiene procedimientos distintos en sí misma, una por vía parlamentaria y otra por la del referéndum constitucional; y, la reforma parcial en la que es preciso obtener la aprobación de la legislatura, para proseguir con un referéndum constitucional.
Enmienda. La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental, o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará:
1. Mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la República, o por la ciudadanía con el respaldo de al menos el ocho por ciento de las personas inscritas en el registro electoral.
2. Por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. El proyecto se tramitará en dos debates; el segundo debate se realizará de modo impostergable en los treinta días siguientes al año de realizado el primero. La reforma sólo se aprobará si obtiene el respaldo de las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional.
Reforma. La reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos y garantías constitucionales, ni modifique el procedimiento de reforma de la Constitución tendrá lugar por iniciativa de la Presidenta o Presidente de la República, o a solicitud de la ciudadanía con el respaldo de al menos el uno por ciento de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el registro electoral, o mediante resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional.
La iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos dos debates. El segundo debate se realizará al menos noventa días después del primero. El proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional se convocará a referéndum dentro de los cuarenta y cinco días siguientes.
Para la aprobación en referéndum se requerirá al menos la mitad más uno de los votos válidos emitidos. Una vez aprobada la reforma en referéndum, y dentro de los siete días siguientes, el Consejo Nacional Electoral dispondrá su publicación.
La Corte Constitucional calificará cuál de los procedimientos previstos en este capítulo corresponde en cada caso.
Nueva Constitución. La asamblea constituyente sólo podrá ser convocada a través de consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por la Presidenta o Presidente de la República, por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, o por el doce por ciento de las personas inscritas en el registro electoral. La consulta deberá incluir la forma de elección de las representantes y los representantes y las reglas del proceso electoral. La nueva Constitución, para su entrada en vigencia, requerirá ser aprobada mediante referéndum con la mitad más uno de los votos válidos.
El Coip, en su artículo 91, define la Trata de Personas como un delito configurado en la captación, transportación, traslado, entrega, acogida o recepción, para sí o para un tercero, de una o más personas, ya sea dentro del país o desde o hacia otros países con fines de explotación.
Constituye explotación, toda actividad de la que resulte un provecho material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, mediante el sometimiento de una persona o la imposición de condiciones de vida o de trabajo, obtenidos de: La extracción o comercialización ilegal de órganos, tejidos, fluidos o material genético de personas vivas, incluido el turismo para la donación o trasplante de órganos; la explotación sexual de personas incluida la prostitución forzada, el turismo sexual y la pornografía infantil; la explotación laboral, incluido el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y el trabajo infantil; promesa de matrimonio o unión de hecho servil, incluida la unión de hecho precoz, arreglada, como indemnización o transacción, temporal o para fines de procreación; la adopción ilegal de niñas, niños y adolescentes; la mendicidad; reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la ley; y cualquier otra modalidad de explotación.
El artículo 92 establece las sanciones para el delito de Trata de Personas: con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años; pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años, si la infracción recae en personas de uno de los grupos de atención prioritaria o en situación de doble vulnerabilidad o si entre la víctima y el agresor ha existido relación afectiva, consensual de pareja, conyugal, convivencia, de familia o de dependencia económica o exista vínculo de autoridad civil, militar, educativa, religiosa o laboral; pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años, si con ocasión de la trata de personas, la víctima ha sufrido enfermedades o daños sicológicos o físicos graves o de carácter irreversible; y, pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, si por motivo de la trata de personas se produce la muerte de la víctima. La trata se persigue y sanciona con independencia de otros delitos que se hayan cometido en su ejecución o como su consecuencia.
En el artículo 93, se señala que la víctima no es punible por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de Trata. Tampoco se aplicarán las sanciones o impedimentos previstos en la legislación migratoria cuando las infracciones son consecuencia de la actividad desplegada durante la comisión del ilícito del que fueron sujetas.
En conclusión, la Trata de Personas es un delito en el que se le convence a una persona a través de engaños o amenazas, para que realice actividades en provecho de otra. Es la captación de una persona con el engaño, amenaza o a la fuerza, a menudo con falsas promesas de oportunidades de trabajo o de estudio. Se les llevan lejos de donde viven con el fin de explotarlas. Es considerada la esclavitud del Siglo XXI.
No obstante, existen muchos factores que configuran el delito de Trata de Personas, convirtiéndolo en una actividad ilícita compleja. En efecto, la Trata debe ser entendida en tres momentos principales: captar, trasladar y explotar.
CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, COIP Ley 0 Registro Oficial Suplemento 180 de 10-feb.-2014 Ultima modificación: 05-feb.-2018 Estado: Reformado.
La Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en Materia Anticorrupción, Suplemento 392, publicado en el Registro Oficial de 17 de febrero del 2021, en su parte pertinente efectúa reformas inherentes al ámbito de la contratación pública a varios cuerpos legales, entre ellos la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.
En lo relativo a este último Cuerpo Legal, la Ley Reformatoria dispone insertar a continuación del Art. 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, lo siguiente:
“Art. 18.1.- Informe de pertinencia previo a todos los procesos de contratación Pública. .La Contraloría General del Estado emitirá un informe de pertinencia, como requisito previo a la suscripción de los procesos de contratación pública determinados en la ley del a materia, por parte de las entidades y organismos del sector público, incluyendo las empresas púbicas u subsidiarias, los financiados con préstamos y/o cooperación, o que se encuentran bajo el régimen especial, en el marco de una declaratoria de emergencia o estado de excepción. Sin prejuicio de que, posteriormente, pueda realizar los controles previstos para estos procedimientos de contratación.
El objetivo del informe es determinar la pertinencia y favorabilidad para la consumación de la contratación pública. Se regirá bajo los principios de legalidad, celeridad y transparencia; y analizará la pertinencia de la contratación conforme a los parámetros establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional e Contratación Pública; y, de manera específica, analizará el presupuesto referencial, el monto de la contratación, el tipo del a contratación, el plazo, la legalidad y la transparencia de la contratación pública.
Este informe se entregará en el plazo máximo de quince (15) días, contados a partir de la notificación de la solicitud realizada por la entidad contratante;: y , en el caso de los procesos bajo el régimen especial, de emergencia o estado de excepción, el plazo para su entrega será de setenta y dos (72) horas, contados a partir de la notificación de la solicitud realizada por la entidad contratante.
Si transcurrido el plazo la Contraloría General del Estado no entrega el informe de pertinencia, se considerará como favorable, para proceder con la contratación y constituirá causal de destitución del funcionario a cargo del informe.
En ningún caso se podrá excepcionar de este requisito previo a la suscripción de contratos que se suscriban en el marco de una declaratoria de emergencia o estado de excepción.
La Contraloría General del Estado determinará los documentos que deban adjuntarse a la solicitud. Si la entidad contratante no los adjunta, están incompletos o son imprecisos, se devolverá la solicitud, y el término será contrato a partir de la fecha en que se cumpla lo dispuesto en este artículo.
Una vez emitido el informe previo por parte de la Contraloría General del Estado, las entidades y organismos del sector público podrán proceder a la celebración del contrato correspondiente, tomando en cuenta las observaciones que se hubieren formulado.
Es obligación de la autoridad nacional de contratación pública informar a la Contraloría General del Estado, cada vez que conozca sobre el incumplimiento de lo señalado en este artículo.”
Disposición legal vigente desde el 17 de agosto de 2021.
El cantón San Lorenzo del Pailón, ubicado en la zona norte de la provincia de Esmeraldas Ecuador, en los límites con la hermana república de Colombia, es privilegiado al contar en su bahía que tiene forma de paila, con un puerto natural, que no necesitó de dragado para la navegación de buques de alto calado.
Con la construcción y llegada del ferrocarril a San Lorenzo, el 26 de agosto de 1957, nació la necesidad de construir un muelle para facilitar la comercialización de la melaza, tagua, cacao, madera y otros productos de exportación. Así inicia en 1959 la obra de construcción del muelle en la presidencia de Camilo Pone Enríquez, que culmina en 1961 en el cuarto periodo de José María Velasco Ibarra.
Benjamín Chávez Rivera (+), ciudadano sanlorenceño que trabajó como armador en la construcción del muelle, nos cuenta que la construcción del muelle de San Lorenzo tuvo un costo de cinco millones de sucres, que San Lorenzo está ubicado sobre una roca, todo el sector del muelle es una roca, en los trabajos un hombre tenía que bajar al punto para clavar los pilotes de hierro con punta de cuchilla. El muelle se lo clavó con martillo eléctrico, meter tubos y soldar tubos. Había partes con grandes rocas, y para fundir se bajaba con dinamitas según la longitud, esto producía una gran explosión en el mar.
Un muelle que se conjuga con lo cultural e histórico, de un valor sustancial para la población sanlorenceña, regional, nacional e internacional. Ubicado en una bahía donde se vivifica el folklor, historias y leyendas, que son parte de la vida cultural local; puerto de romances y amoríos de ayer y hoy, rincón de encuentro entre lo natural y humano; morada de duendes, sirenas, rivieles, tundas, bamberos, que encantan y asustan a más de un viejo velero y pescador de alta mar, y; la armonía de convivencia crece cuando negros con cununos, bombos, guasas y marimbas entonan cánticos que hacen bailar a todo ser vivo que habita el lugar.
Al muelle llegaron buques de alto calado como el vapor Pont Audemar, Ciudad de Pasto, Pensacola, entre otros. Época que fue notoria por la ausencia de crisis, y el comercio turístico prosperaba. Se promovía una región próspera, todos se beneficiaban de los productos que llegaban de los buques a precios muy asequibles a la economía local.
Hoy el muelle presenta un deterioro en su estructura y subestructura, evidenciándose corrosión en sus pilotes de acero tubular, y en peligro de colapsar, que sería un impacto negativo para el desarrollo de la historia, cultura, el turismo y la economía regional.
Para reconstruir el muelle de San Lorenzo con un costo aproximado de cuatro millones de dólares, las autoridades y la ciudadanía se han unido en un Comité Ciudadano Pro-reconstrucción del muelle, para emprender acciones y salvar el patrimonio histórico, cultural y fuente de desarrollo turístico y comercial a nivel local, provincial, nacional e internacional de la zona. Entre las estrategias planificadas está el lanzamiento de una campaña ciudadana de CROWDFUNDING, denominada “SALVEMOS AL MUELLE” y sumar aliados estratégicos.
El Código Orgánico Administrativo COA en su artículo 31 establece que las personas son titulares del derecho a la buena administración pública, que se concreta en la aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales, la ley y este Código.
DERECHOS DE LAS PERSONAS
Derecho de petición. Las personas tienen derecho a formular peticiones, individual o colectivamente, ante las administraciones públicas y a recibir respuestas motivadas, de forma oportuna.
Debido procedimiento administrativo. Las personas tienen derecho a un procedimiento administrativo ajustado a las previsiones del ordenamiento jurídico.
Acceso a los servicios públicos. Las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos, conocer en detalle los términos de su prestación y formular reclamaciones sobre esta materia.
Se consideran servicios públicos aquellos cuya titularidad ha sido reservada al sector público en la Constitución o en una ley.
Se consideran servicios públicos impropios aquellos cuya titularidad no ha sido reservada al sector público. Las administraciones públicas intervendrán en su regulación, control y de modo excepcional, en su gestión.
Restricciones sobre requisitos formales. Las administraciones públicas no podrán exigir, para ningún trámite o procedimiento, partidas actualizadas de nacimiento, de estado civil o defunción, salvo el caso de cambio de estado civil.
Tampoco se exigirá partida de nacimiento cuando se actuaciones o los procedimientos administrativos, cuando sean requeridos.
Interés general y promoción de los derechos constitucionales. Las administraciones públicas sirven con objetividad al interés general. Actúan para promover y garantizar el real y efectivo goce de los derechos. Fomentan la participación de las personas para que contribuyan activamente a definir el interés general
DEBERES DE LAS PERSONAS
Deber general de solidaridad. Las personas deben promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular. Deben participar en la realización de los derechos y garantías, cumpliendo, para este propósito, con los deberes que el ordenamiento jurídico impone.
Respeto al ordenamiento jurídico y a la autoridad legítima. Las personas cumplirán, sin necesidad de requerimiento adicional, con lo dispuesto en la Constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico en general y las decisiones adoptadas por autoridad competente.
Abstención de conductas abusivas del derecho. Las personas ejercerán con responsabilidad sus derechos, evitando conductas abusivas. Se entiende por conducta abusiva aquella que, fundada en un derecho, causa daño a terceros o al interés general.
Las personas se abstendrán de emplear actuaciones dilatorias en los procedimientos administrativos; de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos falsos; o. formular afirmaciones temerarias u otras conductas contrarias al principio de buena fe.
Deber de colaboración con las administraciones públicas. Las personas deben colaborar con la actividad de las administraciones públicas y el buen desarrollo de los procedimientos.
Facilitarán a las administraciones públicas informes, inspecciones y otros actos de investigación en los casos previstos por el ordenamiento jurídico.
Proporcionarán a las administraciones públicas actuantes, información dirigida a identificar a otras personas no comparecientes con interés legítimo en el procedimiento.
Comparecerán ante los titulares de los órganos administrativos responsables de la tramitación de las actuaciones o los procedimientos administrativos, cuando sean requeridos. Denunciarán los actos de corrupción.
Fuente
Código Orgánico de la Administración, publicado en el Registro Oficial N° 31 del 7 de julio de 2017. Asamblea Nacional del Ecuador.
