Nueva disposición legal, informe de pertinencia de la Contraloría General del Estado, previo a todos los procesos de contratación pública.

La Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en Materia Anticorrupción, Suplemento 392, publicado en el Registro Oficial de 17 de febrero del 2021, en su parte pertinente efectúa reformas inherentes al ámbito de la contratación pública a varios cuerpos legales, entre ellos la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

En lo relativo a este último Cuerpo Legal, la Ley Reformatoria dispone insertar a continuación del Art. 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, lo siguiente:

“Art. 18.1.- Informe de pertinencia previo a todos los procesos de contratación Pública. .La Contraloría General del Estado emitirá un informe de pertinencia, como requisito previo a la suscripción de los procesos de contratación pública determinados en la ley del a materia, por parte de las entidades y organismos del sector público, incluyendo las empresas púbicas u subsidiarias, los financiados con préstamos y/o cooperación, o que se encuentran bajo el régimen especial, en el marco de una declaratoria de emergencia  o estado de excepción. Sin prejuicio de que, posteriormente, pueda realizar los controles previstos para estos procedimientos de contratación.

El objetivo del informe es determinar la pertinencia y favorabilidad para la consumación de la contratación pública. Se regirá bajo los principios de legalidad, celeridad y transparencia; y analizará la pertinencia de la contratación conforme a los parámetros establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional e Contratación Pública; y, de manera  específica, analizará el presupuesto referencial, el monto de la contratación, el tipo del a contratación, el plazo, la legalidad y la transparencia de la contratación pública.

Este informe se entregará en el plazo máximo de quince (15) días, contados a partir de la notificación de la solicitud realizada por la entidad contratante;: y , en el caso de los procesos bajo el régimen especial, de emergencia o estado de excepción, el plazo para su entrega será de setenta y dos (72) horas, contados a partir de la notificación de la solicitud realizada por la entidad contratante.

Si transcurrido el plazo la Contraloría General del Estado no entrega el informe de pertinencia, se considerará como favorable, para proceder con la contratación y constituirá causal de destitución del funcionario a cargo del informe.

En ningún caso se podrá excepcionar de este requisito previo a la suscripción de contratos que se suscriban en el marco de una declaratoria de emergencia o estado de excepción.

La Contraloría General del Estado determinará los documentos que deban adjuntarse a la solicitud. Si la entidad contratante no los adjunta, están incompletos o son imprecisos, se devolverá la solicitud, y el término será contrato a partir de la fecha en que se cumpla lo dispuesto en este artículo.

Una vez emitido el informe previo por parte de la Contraloría General del Estado, las entidades y organismos del sector público podrán proceder a la celebración del contrato correspondiente, tomando en cuenta las observaciones que se hubieren formulado.

Es obligación de la autoridad nacional de contratación pública informar a la Contraloría General del Estado, cada vez que conozca sobre el incumplimiento de lo señalado en este artículo.”

Disposición legal vigente desde el 17 de agosto de 2021.

Autoridades y ciudadanía de San Lorenzo unidos en la campaña ciudadana “SALVEMOS AL MUELLE”

El cantón San Lorenzo del Pailón, ubicado en la zona norte de la provincia de Esmeraldas Ecuador, en los límites con la hermana república de Colombia, es privilegiado al contar en su bahía que tiene forma de paila, con un puerto natural, que no necesitó de dragado para la navegación de buques de alto calado.

Con la construcción y llegada del ferrocarril a San Lorenzo, el 26 de agosto de 1957, nació la necesidad de construir un muelle para facilitar la comercialización de la melaza, tagua, cacao, madera y otros productos de exportación. Así inicia en 1959 la obra de construcción del muelle en la presidencia de Camilo Pone Enríquez, que culmina en 1961 en el cuarto periodo de José María Velasco Ibarra.

Benjamín Chávez Rivera (+), ciudadano sanlorenceño que trabajó como armador en la construcción del muelle, nos cuenta que la construcción del muelle de San Lorenzo tuvo un costo de cinco millones de sucres, que San Lorenzo está ubicado sobre una roca, todo el sector del muelle es una roca, en los trabajos un hombre tenía que bajar al punto para clavar los pilotes de hierro con punta de cuchilla. El muelle se lo clavó con martillo eléctrico, meter tubos y soldar tubos. Había partes con grandes rocas, y para fundir se bajaba con dinamitas según la longitud, esto producía una gran explosión en el mar.

Un muelle que se conjuga con lo cultural e histórico, de un valor sustancial para la población sanlorenceña, regional, nacional e internacional.  Ubicado en una bahía donde se vivifica el folklor, historias y leyendas, que son parte de la vida cultural local; puerto de romances y amoríos de ayer y hoy, rincón de encuentro entre lo natural y humano; morada de duendes, sirenas, rivieles, tundas, bamberos, que encantan y asustan a más de un viejo velero y pescador de alta mar, y; la armonía de convivencia crece cuando negros con cununos, bombos, guasas y marimbas entonan cánticos que hacen bailar a todo ser vivo que habita el lugar.

Al muelle llegaron buques de alto calado como el vapor Pont Audemar, Ciudad de Pasto, Pensacola, entre otros. Época que fue notoria por la ausencia de crisis, y el comercio turístico prosperaba. Se promovía una región próspera, todos se beneficiaban de los productos que llegaban de los buques a precios muy asequibles a la economía local.

Hoy el muelle presenta un deterioro en su estructura y subestructura, evidenciándose corrosión en sus pilotes de acero tubular, y en peligro de colapsar, que sería un impacto negativo para el desarrollo de la historia, cultura, el turismo y la economía regional.

Para reconstruir el muelle de San Lorenzo con un costo aproximado de cuatro millones de dólares, las autoridades y la ciudadanía se han unido en un Comité Ciudadano Pro-reconstrucción del muelle, para emprender acciones y salvar el patrimonio histórico, cultural y fuente de desarrollo turístico y comercial a nivel local, provincial, nacional e internacional de la zona. Entre las estrategias planificadas está el lanzamiento de una campaña ciudadana de CROWDFUNDING, denominada “SALVEMOS AL MUELLE” y sumar aliados estratégicos.

Derechos y deberes de las personas en el ejercicio de la administración pública

El Código Orgánico Administrativo COA en su artículo 31 establece que las personas son titulares del derecho a la buena administración pública, que se concreta en la aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales, la ley y este Código.

DERECHOS DE LAS PERSONAS

Derecho de petición. Las personas tienen derecho a formular peticiones, individual o colectivamente, ante las administraciones públicas y a recibir respuestas motivadas, de forma oportuna.

Debido procedimiento administrativo. Las personas tienen derecho a un procedimiento administrativo ajustado a las previsiones del ordenamiento jurídico.

Acceso a los servicios públicos. Las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos, conocer en detalle los términos de su prestación y formular reclamaciones sobre esta materia.

Se consideran servicios públicos aquellos cuya titularidad ha sido reservada al sector público en la Constitución o en una ley.

Se consideran servicios públicos impropios aquellos cuya titularidad no ha sido reservada al sector público. Las administraciones públicas intervendrán en su regulación, control y de modo excepcional, en su gestión.

Restricciones sobre requisitos formales. Las administraciones públicas no podrán exigir, para ningún trámite o procedimiento, partidas actualizadas de nacimiento, de estado civil o defunción, salvo el caso de cambio de estado civil.

Tampoco se exigirá partida de nacimiento cuando se actuaciones o los procedimientos administrativos, cuando sean requeridos.

Interés general y promoción de los derechos constitucionales. Las administraciones públicas sirven con objetividad al interés general. Actúan para promover y garantizar el real y efectivo goce de los derechos. Fomentan la participación de las personas para que contribuyan activamente a definir el interés general

DEBERES DE LAS PERSONAS

Deber general de solidaridad. Las personas deben promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular. Deben participar en la realización de los derechos y garantías, cumpliendo, para este propósito, con los deberes que el ordenamiento jurídico impone.

Respeto al ordenamiento jurídico y a la autoridad legítima. Las personas cumplirán, sin necesidad de requerimiento adicional, con lo dispuesto en la Constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico en general y las decisiones adoptadas por autoridad competente.

Abstención de conductas abusivas del derecho. Las personas ejercerán con responsabilidad sus derechos, evitando conductas abusivas. Se entiende por conducta abusiva aquella que, fundada en un derecho, causa daño a terceros o al interés general.

Las personas se abstendrán de emplear actuaciones dilatorias en los procedimientos administrativos; de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos falsos; o. formular afirmaciones temerarias u otras conductas contrarias al principio de buena fe.

Deber de colaboración con las administraciones públicas. Las personas deben colaborar con la actividad de las administraciones públicas y el buen desarrollo de los procedimientos.

Facilitarán a las administraciones públicas informes, inspecciones y otros actos de investigación en los casos previstos por el ordenamiento jurídico.

Proporcionarán a las administraciones públicas actuantes, información dirigida a identificar a otras personas no comparecientes con interés legítimo en el procedimiento.

Comparecerán ante los titulares de los órganos administrativos responsables de la tramitación de las actuaciones o los procedimientos administrativos, cuando sean requeridos. Denunciarán los actos de corrupción.

Fuente

Código Orgánico de la Administración, publicado en el Registro Oficial  N° 31 del 7 de julio de 2017. Asamblea Nacional del Ecuador.

APLICACIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COA — LÁPIZ SOCIAL

Código Orgánico de la Administración, publicado en el Registro Oficial  N° 31 del 7 de julio de 2017. Asamblea Nacional del Ecuador. El COA es la ley que regula el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el sector público, regentada por principios proclamados en la Constitución de la República del Ecuador […]

APLICACIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COA — LÁPIZ SOCIAL

SAN LORENZO LEVANTA SU VOZ POR UNA CULTURA DE PAZ, JUSTICIA Y SEGURIDAD

“De camino a casa quiero ser libre no valiente”; San Lorenzo territorio de paz”; “Quien tiene paz en su conciencia lo tiene todo”; “La paz es hija de la convivencia, de la educación, del diálogo”; “La paz comienza con una sonrisa”; “Nos movilizamos porque queremos paz, mujeres aquí nosotras”; “Quiero caminar libre y segura como lo hizo mi mamá y mi abuela”; “Queremos vivir, no sobrevivir”; “Antes de que alcancemos la paz mundial tenemos que encontrar la paz en las calles”; “Mercado municipal unidos por la paz”; “No más violencia”; “Queremos paz y libertad, no más crímenes, queremos seguridad”; “San Lorenzo quiere respeto, amor, solidaridad y paz”; “Todos tenemos una herida cuando un ser querido es asaltado y asesinado, JUSTICIA”.

El lunes 21 de junio de 2021, la ciudadanía de San Lorenzo en una marcha por la paz, seguridad y justicia, levantó su voz ante los hechos delictivos. Ciudadanos con consignas y carteles pedían la paz y atención urgente en el cantón trans-fronterizo del Ecuador.

Este mismo día se reúne la Mesa Ciudadana por la PAZ, SEGURIDAD Y JUSTICIA, para plantear respuestas que se necesitan, y que deban ser integrales y dirigidas a resolver la problemática social desde la raíz. Para ello se necesita el compromiso ciudadano y político de todas las instancias, que creen firmemente en que alcanzar una cultura de Paz en San Lorenzo si es posible.  Exhorto expresado en un MANIFIESTO PÚBLICO PARA LA PAZ, SEGURIDAD Y JUSTICIA EN EL CANTÓN, amparado en la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 11.1 que establece, “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento”.  Y la aplicación de la Ley de Desarrollo Fronterizo, como instrumento legal para el desarrollo económico, social y de seguridad del cantón San Lorenzo, en concordancia con el Art. 249 de la Constitución de la República del Ecuador “Los cantones cuyos territorios se encuentren total o parcialmente dentro de una franja fronteriza de cuarenta kilómetros, recibirán atención preferencial para afianzar una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico, mediante políticas integrales que precautelen la soberanía, biodiversidad natural e interculturalidad. La ley regulará y garantizará la aplicación de estos derechos”.     

San Lorenzo por una cultura de paz.

SISTEMA NACIONAL INTEGRAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, publicada en el Registro Oficial Suplemento 175 de 05-feb.-2018.

El artículo 13, determina que el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es el conjunto organizado y articulado de instituciones, normas, políticas, planes, programas, mecanismos y actividades orientados a prevenir y a erradicar la violencia contra las mujeres, a través de la prevención, atención, protección y reparación integral de los derechos de las víctimas. El Sistema se organizará de manera articulada a nivel nacional, en el marco de los procesos de desconcentración y descentralización para una adecuada prestación de servicios en el territorio. Se garantizará la participación ciudadana, así como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.

El artículo 14, expresa que el Sistema tiene por objeto prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres mediante el diseño, formulación, ejecución, supervisión, monitoreo y evaluación de normas, políticas, programas, mecanismos y acciones, en todas las instancias y en todos los niveles de gobierno, de forma articulada y coordinada.

Artículo 15.- Principios del Sistema. El Sistema Nacional Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, se soporta entre otros, en los siguientes principios:

1. No criminalización. – Las autoridades, de conformidad con lo que establece el ordenamiento jurídico, no tratarán a la víctima sobreviviente como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.

2. No revictimización. – Ninguna mujer será sometida a nuevas agresiones, inintencionadas o no, durante las diversas fases de atención, protección y reparación, tales como: retardo injustificado en los procesos, negación o falta injustificada de atención efectiva, entre otras respuestas tardías, inadecuadas por parte de instituciones públicas y privadas. Las mujeres no deberán ser revictimizadas por ninguna persona que intervenga en los procesos de prevención, atención, protección o reparación.

3. Confidencialidad. – Nadie podrá utilizar públicamente la información, antecedentes personales o el pasado judicial de la víctima para responsabilizarla por la vulneración de sus derechos. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo quedan prohibidos. Se deberá guardar confidencialidad sobre los asuntos que se someten a su conocimiento. Las mujeres, en consideración a su propio interés, pueden hacer público su caso. Este principio no impedirá que servidores públicos denuncien los actos de violencia de los que lleguen a tener conocimiento, y tampoco, impedirá la generación de estadísticas e información desagregada.

4. Gratuidad. – Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite derivado, realizado por entidades públicas integrales del Sistema y reconocido por esta Ley, serán gratuitos.

5. Oportunidad y celeridad. – Todas las acciones, procedimientos y medidas contemplados en la presente Ley deben ser inmediatos, ágiles y oportunos, lo que implicará la eliminación de trámites administrativos innecesarios que imposibiliten la atención oportuna de las víctimas.

6. Territorialidad del Sistema. – Todas las instancias que comprenden el Sistema tendrán el deber de coordinar y articular acciones a nivel desconcentrado y descentralizado. Para el cumplimiento de los fines y objetivos de esta Ley, las acciones tendientes a prevenir y erradicar las distintas formas de violencia, así como restituir derechos violentados, deben estar asentadas a nivel territorial.

Derecho al montepío, a la tutela judicial efectiva y juicio de coactiva

Sentencia No. 889-20-JP/21 CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

En el caso del cobro de una deuda por servicio telefónico a una mujer adulta mayor, con discapacidad y en condición de pobreza, que recibía su pensión de montepío, mediante juicio de coactiva, la Corte Constitucional analiza los derechos a la atención prioritaria, la pensión de montepío, a servicios públicos de calidad y desarrolla el derecho la tutela judicial efectiva de derechos.

ACCIÓN DE PROTECCIÓN PARA LA TUTELA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JUBILADAS

EMBARGO Y/O RETENCIÓN DE LA PENSIÓN JUBILAR EN PROCESOS COACTIVOS SENTENCIA 105-10-JP/21CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

La Corte Constitucional analiza la procedencia del embargo y/o la retención de la pensión jubilar de los sujetos con calidad de jubilados que se encuentran involucrados en procesos coactivos en entidades públicas. Este Organismo determina que no procede el embargo ni retención de las pensiones jubilares en un proceso coactivo por prohibición expresa del artículo 371 de la Constitución de la República excepto cuando el valor cuyo pago se persigue provenga de una obligación con el IESS o el BIESS, siempre que, precautelando el derecho constitucional a la vida digna, en el proceso de coactiva se pruebe que el deudor o los deudores puedan satisfacer sus necesidades básicas. En caso de que el deudor o deudores no puedan alcanzar las condiciones mínimas de subsistencia, deberán suscribir un convenio de facilidades de pago para solventar la deuda cuyo pago se persigue o buscar otras alternativas de pago.

En ningún caso, las personas en condición de jubilados por cualquier causa legal, quedan exentas de cumplir con el pago de las obligaciones adquiridas, en la medida en que no se afecten sus condiciones mínimas de subsistencia. Corresponde en estos casos a las autoridades ejecutoras, velar por la protección de los derechos constitucionales de los deudores y aplicar las medidas adecuadas y necesarias para el cobro de la deuda.

Esta sentencia produce efectos hacia el futuro, de conformidad a lo expuesto en el párrafo 74 ut supra.

Disponer que el IESS, BIESS y las instituciones que ejercen la potestad coactiva, adecúen sus reglamentos internos e instructivos, a fin de que se operativicen la prohibición de embargar las pensiones jubilares, de acuerdo a las reglas jurisprudenciales establecidas en esta sentencia en los párrafos 71a y 71b ut supra. En este contexto, las referidas instituciones deberán establecer procedimientos internos para determinar si la pensión jubilar constituye el único ingreso del deudor.

Disponer que el IESS, BIESS y las instituciones que ejercen la potestad coactiva, organicen periódicamente capacitaciones dirigidas a los servidores encargados de los procesos coactivos, respecto de las reglas jurisprudenciales determinadas en esta sentencia.

DATOS HISTÓRICOS DE LA PARROQUIA DE SAN LORENZO 1847 – 1963

Julio Estupiñán Tello (1977), en su IV libro de “Recopilación de Leyes, Decretos y Ordenanzas sobre División Política de Esmeraldas, refiere que en los días 7,9 y 13 de octubre de 1 847, Esmeraldas es erigida en provincia, mediante proyecto presentado por el Senado y Cámara de Representantes de la República del Ecuador al Congreso Nacional.  Provincia que tuvo como cantones: el cantón Cara, formado por las parroquias de Esmeraldas, Atacames, San Francisco del Cabo, Mompiche y Muisne, con su cabecera Esmeraldas; y, el cantón Carondelet compuesto por las parroquias de Rioverde, Ostiones, Tola, Cayapas, San Lorenzo del Pailón, Concepción del Oro, Cachaví y San Francisco de los Ríos; su cabecera Villa de la Tola.

Mediante la Ley de Régimen Territorial de 29 de mayo de 1 861, la Convención Nacional del Ecuador, incorpora San Lorenzo del Pailón a la provincia de Imbabura, y la provincia de Esmeraldas queda constituida solo por el cantón Esmeraldas, constando de las parroquias de Esmeraldas, Atacames, Rioverde, Tola, San Francisco y Concepción.

El Senado y Cámara de Diputados del Ecuador, expiden el Decreto Legislativo de fecha 23 de septiembre de 1 863, en el cual se anexa la parroquia San Lorenzo a la provincia de Esmeraldas. Siendo la razón de esta decisión la falta de vías de comunicación, ya que es muy difícil que la acción administrativa de la Gobernación de Imbabura pueda ejercerse sobre la parroquia San Lorenzo.

Después de 6 años, la Convención Nacional de 1 869, dictó la Ley de Régimen Administrativo con fecha 30 de agosto y ejecutada por Gabriel García Moreno el 15 de septiembre, estableciendo la constitución de la provincia de Esmeraldas por el cantón Esmeraldas, que consta de las parroquias de Esmeraldas, Atacames, San Francisco, Concepción, Pailón y San Lorenzo, con sus comisarías y territorios al norte que comprendía la antigua Presidencia de Quito.

En esta Ley, respecto de la de 1 861, se agregan las parroquias de Pailón y San Lorenzo, que no estuvieron comprendidas en aquella, aunque no se ha podido establecer si fueron realmente dos parroquias más agregadas al cantón Esmeraldas, Pailón y San Lorenzo o lo que aparece como dos sea simplemente error de redacción correspondiendo solamente a una, San Lorenzo del Pailón, como comúnmente se ha llamado.

La parte de la LEY DE DIVISIÓN TERRITORIAL DEL ECUADOR EXPEDIDA POR LA CONVENCIÓN NACIONAL DE 4 DE JUNIO DE 1878, siendo Presidente de dicha convención el Gral. José María Urbina y Presidente de la República el Gral. Ignacio de Veintimilla, sobre Esmeraldas, dice: La provincia de Esmeraldas se compone del cantón Esmeraldas, que consta de las parroquias de Esmeraldas, Atacames, Rioverde, La Tola, San Francisco, Concepción, San Lorenzo, Muisne, Cayapas, San Mateo, y los demás territorios comprendidos por este lado en la antigua Audiencia de Quito.

El 16 de octubre de 1941, el Congreso Nacional de la República del Ecuador, expide el registro oficial N°342, bajo el cual se erige en la provincia de Esmeraldas el nuevo Cantón con el nombre de Eloy Alfaro, comprenderá las parroquias de la Tola, Maldonado, Concepción, San Lorenzo, Valdez, Borbón y Ancón.

Whitten (1992), narra sobre la ecología urbana del pueblo de San Lorenzo por la década de los 60, que puede ser descrita desde dos marcos de referencia, y de los cuales he hecho uso en este estudio.  El primero es el hotel Imperial, el salón Ibarra y la estación del ferrocarril; el segundo se basa en los barrios.

San Lorenzo de esta época contaba con dos escuelas, los depósitos de agua y la vía, tres aserraderos, muelle, planta de procesamiento de concha 1961. Las áreas residenciales y las barracas de las oficinas de la Junta Autónoma, parque 24 de mayo, base naval, escuelas, pista de aterrizaje, tres tiendas de los hermanos Arizala, el hotel Pailón, ferrocarril, salón Ibarra, hotel Imperial, salón Acapulco, el único abierto en 1963.

Los barrios reflejan, la historia del crecimiento del pueblo. Así se tiene los siguientes: La Samuela, Pusbí, Mayasquer, las Mercedes, Cuba, Las Tres Marías, Puerto Manaos.

Las Tres Marías se declaró como barrio oficial en enero de 1963. Es el barrio más nuevo y también el más vigoroso, anteriormente formó parte de la Samuela. Un alto porcentaje de negros de este barrio son inmigrantes nuevos de San Lorenzo, ante todo, de las regiones rurales costeñas del departamento de Nariño, suroeste de Colombia, y de las islas entre San Lorenzo y Colombia. La gente levantó un montículo de conchas en la orilla oeste de su barrio y utilizó estas conchas para arreglar las calles, dándole un aspecto atractivo. En Junio de 1963 se construyó una calle que parte del centro del costado occidental y lleva a la base naval. En agosto se estaban construyendo 30 nuevas casas. En esta época no había electricidad en el barrio y las tierras pertenecían oficialmente a serranos ausentes que viven en Quito.

La Samuela incluye sólo los negros que viven del lado de la pista que da a la bahía. Al igual que las Tres Marías está poblado sólo por gente negra, la mayoría de los cuales emigraron de Colombia o son descendientes de emigrantes colombianos.

Pusbí, que es el nombre de un arroyo pequeño colombiano, afluente del río Mira, y del que provienen los treinta o cuarenta negros que viven en Pusbí.

Mayasquer, poblado solo por negros, se lo nombró Mayasquer para recordar un río pequeño, afluente del Mira, en Colombia, aunque de los habitantes del barrio dicen haber vivido allí. Según Merizalde de Carmen, citado por Whitten, se llevaron esclavos a los lavaderos de oro en el área del río Mayasquer. Un grifo de agua en la línea divisoria entre Mayasquer y Pusbí abastece toda esta parte del pueblo., el agua sale cuando llega la electricidad.

Sección vieja 1, no tiene nombre, aunque algunos de los residentes más jóvenes comienzan a llamarlo Imbabura. El nombre de la calle que corre paralela al ferrocarril.

Zonas Centrales, es el centro del pueblo, y están las principales tiendas del pueblo, las oficinas administrativas centrales, la cárcel y el salón Ibarra. También es área donde viven parte de la familia Rodríguez, campamento de la Junta Autónoma, la sede de la policía, el salón Acapulco, billar, el teatro y el templo protestante.

Cuba, fue fundado entre 1957 y 1958, con una ceremonia formal a la que muchos serranos fueron invitados como padrinos de honor. Es el centro de actividades tanto de la parentela de los Mina como los comunistas. Viven los comunistas serranos como miembros de la familia Rodríguez.

Puerto Manaos, el puerto Manaos fue inaugurado y nombrado así, cuando se anunció oficialmente, en 1962, que San Lorenzo era puerto libre para Brasil. Es un barrio heterogéneo, habitan negros de la zona, de la sierra y mestizos. Hay muchas tiendas pequeñas como también el hotel Carchi.

Las Mercedes, fue inaugurado oficialmente en 1959. Es un área residencial de negros, y se caracteriza por tener mucha movilidad socio – económica real y potencial. Se encuentran dos salones, cerrados en 1963, varias carpinterías, diez cantinas nuevas y muchas tiendas pequeñas. Los negros que viven son mayoritariamente ecuatorianos, no colombianos. El segundo hidrante de agua está ubicado en el límite de las Mercedes, cerca del ferrocarril.

La Junta Autónoma mejoró las calles de este barrio con la intención de manejar entre su casa, la Ciudadela, y su oficina. En abril de 1963, circuló el único jeep, y por eso se escogió este mes para mejorar el camino.

Sección Vieja, en este barrio está la casa mayor de marimba y el club deportivo. Por lo demás es simplemente un área residencial negra donde residen algunas de las familias más antiguas del pueblo. Tiene casa elevadas en el agua sobre columnas de madera. Toda esta tierra fue cultivada por el jefe mayor de la marimba y su mujer. Algunos la conocen como parte de las Mercedes y otros la llaman el Punto.

La Ciudadela, no es realmente un barrio, sin embargo, es una división funcional, dado que la mitad de la clase alta vive allí. Los residentes de la Junta tienen una cancha de tenis y un tanque de agua a su disposición. Allí se hospedan los turistas importantes, y no en cualquier hotel, ya que en la ciudadela encuentran agua las 24 horas del día.

BIBLIOGRAFÍA

Estupiñán, J. (1997). Historia de Esmeraldas: monografía integral de Esmeraldas. T. I. Esmeraldas: Monografía Integral de Esmeraldas. Recopilación de leyes, decretos y ordenanzas sobre división política de Esmeraldas 1824-1977. T. IV. Esmeraldas: Monografía Integral de Esmeraldas.

Whitten, N. (1992). Pioneros Negros. La Cultura Afro-Latinoamericana del Ecuador y Colombia. Quito, Ecuador: Centro Cultural Afroecuatoriano.

TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y ÁMBITOS DONDE SE DESARROLLA

LEY ORGÁNICA INTEGRAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

El artículo 10, señala que para efectos de aplicación de la presente Ley y sin perjuicio de lo establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en el Código Orgánico Integral Penal y la Ley, se consideran los siguientes tipos de violencia:

a) Violencia física. – Todo acto u omisión que produzca o pudiese producir daño o sufrimiento físico, dolor o muerte, así como cualquier otra forma de maltrato o agresión, castigos corporales, que afecte la integridad física, provocando o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas, esto como resultado del uso de la fuerza o de cualquier objeto que se utilice con la intencionalidad de causar daño y de sus consecuencias, sin consideración del tiempo que se requiera para su recuperación.

b) Violencia psicológica.- Cualquier acción, omisión o patrón de conducta dirigido a causar daño emocional, disminuir la autoestima, afectar la honra, provocar descrédito, menospreciar la dignidad personal, perturbar, degradar la identidad cultural, expresiones de identidad juvenil o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una mujer, mediante la humillación, intimidación, encierros, aislamiento, tratamientos forzados o cualquier otro acto que afecte su estabilidad psicológica y emocional.

La violencia psicológica incluye la manipulación emocional, el control mediante mecanismos de vigilancia, el acoso u hostigamiento, toda conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear y vigilar a la mujer, independientemente de su edad o condición y que pueda afectar su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica; o, que puedan tener repercusiones negativas respecto de su empleo, en la continuación de estudios escolares o universitarios, en promoción, reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él. Incluye también las amenazas, el anuncio verbal o con actos, que deriven en un daño físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial, con el fin de intimidar al sujeto de protección de esta Ley.

c) Violencia sexual.- Toda acción que implique la vulneración o restricción del derecho a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza e intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares y de parentesco, exista o no convivencia, la transmisión intencional de infecciones de transmisión sexual (ITS), así como la prostitución forzada, la trata con fines de explotación sexual, el abuso o acoso sexual, la esterilización forzada y otras prácticas análogas. También es violencia sexual la implicación de niñas y adolescentes en actividades sexuales con un adulto o con cualquier otra persona que se encuentre en situación de ventaja frente a ellas, sea por su edad, por razones de su mayor desarrollo físico o mental, por la relación de parentesco, afectiva o de confianza que lo une a la niña o adolescente, por su ubicación de autoridad o poder; el embarazo temprano en niñas y adolescentes, el matrimonio en edad temprana, la mutilación genital femenina y la utilización de la imagen de las niñas y adolescentes en pornografía.

d) Violencia económica y patrimonial. – Es toda acción u omisión que se dirija a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales de las mujeres, incluidos aquellos de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes de las uniones de hecho, a través de:

1. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes muebles o inmuebles;

2. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;

3. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o la privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias;

4. La limitación o control de sus ingresos; y,

5. Percibir un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.

e) Violencia simbólica. – Es toda conducta que, a través de la producción o reproducción de mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones de género, sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas, transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres.

f) Violencia política. – Es aquella violencia cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, en contra de las mujeres que sean candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia. Esta violencia se orienta a acortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de su cargo, o para inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

g) Violencia gineco-obstétrica. – Se considera a toda acción u omisión que limite el derecho de las mujeres embarazadas o no, a recibir servicios de salud gineco-obstétricos. Se expresa a través del maltrato, de la imposición de prácticas culturales y científicas no consentidas o la violación del secreto profesional, el abuso de medicalización, y la no establecida en protocolos, guías o normas; las acciones que consideren los procesos naturales de embarazo, parto y posparto como patologías, la esterilización forzada, la pérdida de autonomía y capacidad para decidir libremente sobre sus cuerpos y su sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida y salud sexual y reproductiva de mujeres en toda su diversidad y a lo largo de su vida, cuando esta se realiza con prácticas invasivas o maltrato físico o psicológico.

El artículo 12, expresa que los ámbitos donde se desarrolla la violencia contra las mujeres. Son los diferentes espacios y contextos en los que se desarrollan los tipos de violencia de género contra las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores. Están comprendidos, entre otros, los siguientes:

a) Intrafamiliar o doméstico. – Comprende el contexto en el que la violencia es ejercida en el núcleo familiar. La violencia es ejecutada por parte del cónyuge, la pareja en unión de hecho, el conviviente, los ascendientes, los descendientes, las hermanas, los hermanos, los parientes por consanguinidad y afinidad y las personas con las que la víctima mantenga o haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación.

b) Educativo. – Comprende el contexto de enseñanza y aprendizaje en el cual la violencia es ejecutada por docentes, personal administrativo, compañeros u otro miembro de la comunidad educativa de todos los niveles.

c) Laboral. – Comprende el contexto laboral en donde se ejerce el derecho al trabajo y donde se desarrollan las actividades productivas, en el que la violencia es ejecutada por personas que tienen un vínculo o convivencia de trabajo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica. Incluye condicionar la contratación o permanencia en el trabajo a través de favores de naturaleza sexual; la negativa a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; el descrédito público por el trabajo realizado y no acceso a igual remuneración por igual tarea o función, así como el impedimento a las mujeres de que se les acredite el período de gestación y lactancia.

d) Deportivo. – Comprende el contexto público o privado en el cual la violencia es ejercida en la práctica deportiva formativa, de alto rendimiento, profesional, adaptada / paralímpica, amateur, escolar o social;

e) Estatal e institucional. – Comprende el contexto en el que la violencia es ejecutada en el ejercicio de la potestad estatal, de manera expresa o tácita y que se traduce en acciones u omisiones, provenientes del Estado. Comprende toda acción u omisión de instituciones, personas jurídicas, servidoras y servidores públicos o de personal de instituciones privadas; y, de todo tipo de colectivo u organización, que, incumpliendo sus responsabilidades en el ejercicio de sus funciones, retarden, obstaculicen o impidan que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y a sus servicios derivados; y, a que ejerzan los derechos previstos en esta Ley;

f) Centros de Privación de Libertad. – Comprende el contexto donde la violencia se ejerce en centros de privación de libertad, por el personal que labora en los centros.

g) Mediático y cibernético. – Comprende el contexto en el que la violencia es ejercida a través de los medios de comunicación públicos, privados o comunitarios, sea por vía tradicional o por cualquier tecnología de la información, incluyendo las redes sociales, plataformas virtuales o cualquier otro.

 h) En el espacio público o comunitario. – Comprende el contexto en el cual la violencia se ejerce de manera individual o colectiva en lugares o espacios públicos, privados de acceso público; espacios de convivencia barrial o comunitaria; transporte público y otros de uso común tanto rural como urbano, mediante toda acción física, verbal o de connotación sexual no consentida, que afecte la seguridad e integridad de las mujeres, niñas y adolescentes.

 i) Centros e instituciones de salud. – Comprende el contexto donde la violencia se ejerce en los centros de salud pública y privada, en contra de las usuarias del Sistema Nacional de Salud, ejecutada por el personal administrativo, auxiliares y profesionales de la salud; y,

j) Emergencias y situaciones humanitarias. – Comprende el contexto donde la violencia se ejerce en situaciones de emergencia y desastres que promuevan las desigualdades entre hombres y mujeres, que pongan en riesgo la integridad física, psicológica y sexual de mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores.

BIBLIOGRAFÍA

Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, publicada en el Registro Oficial Suplemento 175 de 05-feb.-2018.

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