La Trata de Personas en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador

El Coip, en su artículo 91, define la Trata de Personas como un delito configurado en la captación, transportación, traslado, entrega, acogida o recepción, para sí o para un tercero, de una o más personas, ya sea dentro del país o desde o hacia otros países con fines de explotación.

Constituye explotación, toda actividad de la que resulte un provecho material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, mediante el sometimiento de una persona o la imposición de condiciones de vida o de trabajo, obtenidos de: La extracción o comercialización ilegal de órganos, tejidos, fluidos o material genético de personas vivas, incluido el turismo para la donación o trasplante de órganos; la explotación sexual de personas incluida la prostitución forzada, el turismo sexual y la pornografía infantil; la explotación laboral, incluido el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y el trabajo infantil; promesa de matrimonio o unión de hecho servil, incluida la unión de hecho precoz, arreglada, como indemnización o transacción, temporal o para fines de procreación; la adopción ilegal de niñas, niños y adolescentes; la mendicidad; reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la ley; y cualquier otra modalidad de explotación.

El artículo 92 establece las sanciones para el delito de Trata de Personas: con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años; pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años, si la infracción recae en personas de uno de los grupos de atención prioritaria o en situación de doble vulnerabilidad o si entre la víctima y el agresor ha existido relación afectiva, consensual de pareja, conyugal, convivencia, de familia o de dependencia económica o exista vínculo de autoridad civil, militar, educativa, religiosa o laboral; pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años, si con ocasión de la trata de personas, la víctima ha sufrido enfermedades o daños sicológicos o físicos graves o de carácter irreversible; y, pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, si por motivo de la trata de personas se produce la muerte de la víctima. La trata se persigue y sanciona con independencia de otros delitos que se hayan cometido en su ejecución o como su consecuencia.

En el artículo 93, se señala que la víctima no es punible por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de Trata. Tampoco se aplicarán las sanciones o impedimentos previstos en la legislación migratoria cuando las infracciones son consecuencia de la actividad desplegada durante la comisión del ilícito del que fueron sujetas.

En conclusión, la Trata de Personas es un delito en el que se le convence a una persona a través de engaños o amenazas, para que realice actividades en provecho de otra. Es la captación de una persona con el engaño, amenaza o a la fuerza, a menudo con falsas promesas de oportunidades de trabajo o de estudio. Se les llevan lejos de donde viven con el fin de explotarlas. Es considerada la esclavitud del Siglo XXI.

No obstante, existen muchos factores que configuran el delito de Trata de Personas, convirtiéndolo en una actividad ilícita compleja. En efecto, la Trata debe ser entendida en tres momentos principales: captar, trasladar y explotar.

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, COIP Ley 0 Registro Oficial Suplemento 180 de 10-feb.-2014 Ultima modificación: 05-feb.-2018 Estado: Reformado.

Nueva disposición legal, informe de pertinencia de la Contraloría General del Estado, previo a todos los procesos de contratación pública.

La Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en Materia Anticorrupción, Suplemento 392, publicado en el Registro Oficial de 17 de febrero del 2021, en su parte pertinente efectúa reformas inherentes al ámbito de la contratación pública a varios cuerpos legales, entre ellos la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

En lo relativo a este último Cuerpo Legal, la Ley Reformatoria dispone insertar a continuación del Art. 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, lo siguiente:

“Art. 18.1.- Informe de pertinencia previo a todos los procesos de contratación Pública. .La Contraloría General del Estado emitirá un informe de pertinencia, como requisito previo a la suscripción de los procesos de contratación pública determinados en la ley del a materia, por parte de las entidades y organismos del sector público, incluyendo las empresas púbicas u subsidiarias, los financiados con préstamos y/o cooperación, o que se encuentran bajo el régimen especial, en el marco de una declaratoria de emergencia  o estado de excepción. Sin prejuicio de que, posteriormente, pueda realizar los controles previstos para estos procedimientos de contratación.

El objetivo del informe es determinar la pertinencia y favorabilidad para la consumación de la contratación pública. Se regirá bajo los principios de legalidad, celeridad y transparencia; y analizará la pertinencia de la contratación conforme a los parámetros establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional e Contratación Pública; y, de manera  específica, analizará el presupuesto referencial, el monto de la contratación, el tipo del a contratación, el plazo, la legalidad y la transparencia de la contratación pública.

Este informe se entregará en el plazo máximo de quince (15) días, contados a partir de la notificación de la solicitud realizada por la entidad contratante;: y , en el caso de los procesos bajo el régimen especial, de emergencia o estado de excepción, el plazo para su entrega será de setenta y dos (72) horas, contados a partir de la notificación de la solicitud realizada por la entidad contratante.

Si transcurrido el plazo la Contraloría General del Estado no entrega el informe de pertinencia, se considerará como favorable, para proceder con la contratación y constituirá causal de destitución del funcionario a cargo del informe.

En ningún caso se podrá excepcionar de este requisito previo a la suscripción de contratos que se suscriban en el marco de una declaratoria de emergencia o estado de excepción.

La Contraloría General del Estado determinará los documentos que deban adjuntarse a la solicitud. Si la entidad contratante no los adjunta, están incompletos o son imprecisos, se devolverá la solicitud, y el término será contrato a partir de la fecha en que se cumpla lo dispuesto en este artículo.

Una vez emitido el informe previo por parte de la Contraloría General del Estado, las entidades y organismos del sector público podrán proceder a la celebración del contrato correspondiente, tomando en cuenta las observaciones que se hubieren formulado.

Es obligación de la autoridad nacional de contratación pública informar a la Contraloría General del Estado, cada vez que conozca sobre el incumplimiento de lo señalado en este artículo.”

Disposición legal vigente desde el 17 de agosto de 2021.