Autoridades y ciudadanía de San Lorenzo unidos en la campaña ciudadana “SALVEMOS AL MUELLE”

El cantón San Lorenzo del Pailón, ubicado en la zona norte de la provincia de Esmeraldas Ecuador, en los límites con la hermana república de Colombia, es privilegiado al contar en su bahía que tiene forma de paila, con un puerto natural, que no necesitó de dragado para la navegación de buques de alto calado.

Con la construcción y llegada del ferrocarril a San Lorenzo, el 26 de agosto de 1957, nació la necesidad de construir un muelle para facilitar la comercialización de la melaza, tagua, cacao, madera y otros productos de exportación. Así inicia en 1959 la obra de construcción del muelle en la presidencia de Camilo Pone Enríquez, que culmina en 1961 en el cuarto periodo de José María Velasco Ibarra.

Benjamín Chávez Rivera (+), ciudadano sanlorenceño que trabajó como armador en la construcción del muelle, nos cuenta que la construcción del muelle de San Lorenzo tuvo un costo de cinco millones de sucres, que San Lorenzo está ubicado sobre una roca, todo el sector del muelle es una roca, en los trabajos un hombre tenía que bajar al punto para clavar los pilotes de hierro con punta de cuchilla. El muelle se lo clavó con martillo eléctrico, meter tubos y soldar tubos. Había partes con grandes rocas, y para fundir se bajaba con dinamitas según la longitud, esto producía una gran explosión en el mar.

Un muelle que se conjuga con lo cultural e histórico, de un valor sustancial para la población sanlorenceña, regional, nacional e internacional.  Ubicado en una bahía donde se vivifica el folklor, historias y leyendas, que son parte de la vida cultural local; puerto de romances y amoríos de ayer y hoy, rincón de encuentro entre lo natural y humano; morada de duendes, sirenas, rivieles, tundas, bamberos, que encantan y asustan a más de un viejo velero y pescador de alta mar, y; la armonía de convivencia crece cuando negros con cununos, bombos, guasas y marimbas entonan cánticos que hacen bailar a todo ser vivo que habita el lugar.

Al muelle llegaron buques de alto calado como el vapor Pont Audemar, Ciudad de Pasto, Pensacola, entre otros. Época que fue notoria por la ausencia de crisis, y el comercio turístico prosperaba. Se promovía una región próspera, todos se beneficiaban de los productos que llegaban de los buques a precios muy asequibles a la economía local.

Hoy el muelle presenta un deterioro en su estructura y subestructura, evidenciándose corrosión en sus pilotes de acero tubular, y en peligro de colapsar, que sería un impacto negativo para el desarrollo de la historia, cultura, el turismo y la economía regional.

Para reconstruir el muelle de San Lorenzo con un costo aproximado de cuatro millones de dólares, las autoridades y la ciudadanía se han unido en un Comité Ciudadano Pro-reconstrucción del muelle, para emprender acciones y salvar el patrimonio histórico, cultural y fuente de desarrollo turístico y comercial a nivel local, provincial, nacional e internacional de la zona. Entre las estrategias planificadas está el lanzamiento de una campaña ciudadana de CROWDFUNDING, denominada “SALVEMOS AL MUELLE” y sumar aliados estratégicos.

Derechos y deberes de las personas en el ejercicio de la administración pública

El Código Orgánico Administrativo COA en su artículo 31 establece que las personas son titulares del derecho a la buena administración pública, que se concreta en la aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales, la ley y este Código.

DERECHOS DE LAS PERSONAS

Derecho de petición. Las personas tienen derecho a formular peticiones, individual o colectivamente, ante las administraciones públicas y a recibir respuestas motivadas, de forma oportuna.

Debido procedimiento administrativo. Las personas tienen derecho a un procedimiento administrativo ajustado a las previsiones del ordenamiento jurídico.

Acceso a los servicios públicos. Las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos, conocer en detalle los términos de su prestación y formular reclamaciones sobre esta materia.

Se consideran servicios públicos aquellos cuya titularidad ha sido reservada al sector público en la Constitución o en una ley.

Se consideran servicios públicos impropios aquellos cuya titularidad no ha sido reservada al sector público. Las administraciones públicas intervendrán en su regulación, control y de modo excepcional, en su gestión.

Restricciones sobre requisitos formales. Las administraciones públicas no podrán exigir, para ningún trámite o procedimiento, partidas actualizadas de nacimiento, de estado civil o defunción, salvo el caso de cambio de estado civil.

Tampoco se exigirá partida de nacimiento cuando se actuaciones o los procedimientos administrativos, cuando sean requeridos.

Interés general y promoción de los derechos constitucionales. Las administraciones públicas sirven con objetividad al interés general. Actúan para promover y garantizar el real y efectivo goce de los derechos. Fomentan la participación de las personas para que contribuyan activamente a definir el interés general

DEBERES DE LAS PERSONAS

Deber general de solidaridad. Las personas deben promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular. Deben participar en la realización de los derechos y garantías, cumpliendo, para este propósito, con los deberes que el ordenamiento jurídico impone.

Respeto al ordenamiento jurídico y a la autoridad legítima. Las personas cumplirán, sin necesidad de requerimiento adicional, con lo dispuesto en la Constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico en general y las decisiones adoptadas por autoridad competente.

Abstención de conductas abusivas del derecho. Las personas ejercerán con responsabilidad sus derechos, evitando conductas abusivas. Se entiende por conducta abusiva aquella que, fundada en un derecho, causa daño a terceros o al interés general.

Las personas se abstendrán de emplear actuaciones dilatorias en los procedimientos administrativos; de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos falsos; o. formular afirmaciones temerarias u otras conductas contrarias al principio de buena fe.

Deber de colaboración con las administraciones públicas. Las personas deben colaborar con la actividad de las administraciones públicas y el buen desarrollo de los procedimientos.

Facilitarán a las administraciones públicas informes, inspecciones y otros actos de investigación en los casos previstos por el ordenamiento jurídico.

Proporcionarán a las administraciones públicas actuantes, información dirigida a identificar a otras personas no comparecientes con interés legítimo en el procedimiento.

Comparecerán ante los titulares de los órganos administrativos responsables de la tramitación de las actuaciones o los procedimientos administrativos, cuando sean requeridos. Denunciarán los actos de corrupción.

Fuente

Código Orgánico de la Administración, publicado en el Registro Oficial  N° 31 del 7 de julio de 2017. Asamblea Nacional del Ecuador.

APLICACIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COA — LÁPIZ SOCIAL

Código Orgánico de la Administración, publicado en el Registro Oficial  N° 31 del 7 de julio de 2017. Asamblea Nacional del Ecuador. El COA es la ley que regula el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el sector público, regentada por principios proclamados en la Constitución de la República del Ecuador […]

APLICACIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COA — LÁPIZ SOCIAL

SAN LORENZO LEVANTA SU VOZ POR UNA CULTURA DE PAZ, JUSTICIA Y SEGURIDAD

“De camino a casa quiero ser libre no valiente”; San Lorenzo territorio de paz”; “Quien tiene paz en su conciencia lo tiene todo”; “La paz es hija de la convivencia, de la educación, del diálogo”; “La paz comienza con una sonrisa”; “Nos movilizamos porque queremos paz, mujeres aquí nosotras”; “Quiero caminar libre y segura como lo hizo mi mamá y mi abuela”; “Queremos vivir, no sobrevivir”; “Antes de que alcancemos la paz mundial tenemos que encontrar la paz en las calles”; “Mercado municipal unidos por la paz”; “No más violencia”; “Queremos paz y libertad, no más crímenes, queremos seguridad”; “San Lorenzo quiere respeto, amor, solidaridad y paz”; “Todos tenemos una herida cuando un ser querido es asaltado y asesinado, JUSTICIA”.

El lunes 21 de junio de 2021, la ciudadanía de San Lorenzo en una marcha por la paz, seguridad y justicia, levantó su voz ante los hechos delictivos. Ciudadanos con consignas y carteles pedían la paz y atención urgente en el cantón trans-fronterizo del Ecuador.

Este mismo día se reúne la Mesa Ciudadana por la PAZ, SEGURIDAD Y JUSTICIA, para plantear respuestas que se necesitan, y que deban ser integrales y dirigidas a resolver la problemática social desde la raíz. Para ello se necesita el compromiso ciudadano y político de todas las instancias, que creen firmemente en que alcanzar una cultura de Paz en San Lorenzo si es posible.  Exhorto expresado en un MANIFIESTO PÚBLICO PARA LA PAZ, SEGURIDAD Y JUSTICIA EN EL CANTÓN, amparado en la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 11.1 que establece, “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento”.  Y la aplicación de la Ley de Desarrollo Fronterizo, como instrumento legal para el desarrollo económico, social y de seguridad del cantón San Lorenzo, en concordancia con el Art. 249 de la Constitución de la República del Ecuador “Los cantones cuyos territorios se encuentren total o parcialmente dentro de una franja fronteriza de cuarenta kilómetros, recibirán atención preferencial para afianzar una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico, mediante políticas integrales que precautelen la soberanía, biodiversidad natural e interculturalidad. La ley regulará y garantizará la aplicación de estos derechos”.     

San Lorenzo por una cultura de paz.