NOCHE DE BEREJÚ

A Armando Torregrosa, poeta trashumante y folklorista de gran sensibilidad. – Esmeraldas 6 de Septiembre de 1995

Compadre Armando, compadre:

vamos a brazo verdá,

que esta noche habrá jolgorio

sólo para su santidá.

¡Qué noche más deliciosa!

¡Cómo se merece el palmar,

Cómo se mueven con gracia

las hojas del platanar!

Ya he cerrado la tranquera

y está listo el canalete;

llevo mi sombrero grande

y bien terciado el machete.

En dos vueltas más abajo

nos toparemos con Nelson,

el tiene buenas parejas

y un alfandoque mayor.

De paso cojo el Juyungo,

dueño de un bombo sonoro,

obra del mesmo mandinga.

Que lo compró en Niviyor.

Bien está y bien lo dice:

No le teme usté al Riviel

menos a los Pelacaras,

que su compadre es muy macho

para cualquier aventura…

De las que se llaman bravas.

Hay un retazo de luna

que se afila sobre el monte…

Tome una copa del fuerte

Y aliste ese pecho bravo…

Que usted nació en el Caribe

y yo nací en todas partes;

y es usté un hombre rodao,

y como tal, bien lo sabe

que es igual a su compadre:

¡de filo y de frente, macho!

Que venga el Riviel si quiere

y que venga el Pelacaras

“por los caminos del mar”,

que la marimba nos llama

a bailar el currulao

¡para amanecer borrachos!

Y ahora, compriéndame bien;

yo enseñaré los pasos

de la nueva “caderona”,

del “andarele” y la “juga”,

y usté como buen faculto,

cuando se encienda el bambuco

y se repique el cununo,

y hable lenguas la marimba,

y el grito del glosador

haga temblar los bahareques,

al arrullo de las hembras

que bien saben “responder”,

usté como el diablo mesmo

como el mesmo berejú,-

bajo el chas-chas del guasá

con el estruendo del bombo-,

con ese cuerpo, compadre,

que es gloria de las muchachas,

por retozozón y borracho,-

al derecho y al revés-

bailará coimo es debido,

con la gracia de la Costa,

un recio “patacoré”.

Qué gloria, compadre Armando,

es bailar un berejú

con una muchacha negra…

Como la tierra fecunda;

y ser hijos de estos pueblos

donde el negro y el mulato

y el blanco, sin distinción,

se han abrazado en un canto

¡de “Tierra, Son y Tambor”!

Fuente: Gustavo Ramírez Cúlter ARCELIO RAMÍREZ CASTRILLON, HUMANISTA SIN FRONTERAS.

La Trata de Personas en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador

El Coip, en su artículo 91, define la Trata de Personas como un delito configurado en la captación, transportación, traslado, entrega, acogida o recepción, para sí o para un tercero, de una o más personas, ya sea dentro del país o desde o hacia otros países con fines de explotación.

Constituye explotación, toda actividad de la que resulte un provecho material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio, para sí o para un tercero, mediante el sometimiento de una persona o la imposición de condiciones de vida o de trabajo, obtenidos de: La extracción o comercialización ilegal de órganos, tejidos, fluidos o material genético de personas vivas, incluido el turismo para la donación o trasplante de órganos; la explotación sexual de personas incluida la prostitución forzada, el turismo sexual y la pornografía infantil; la explotación laboral, incluido el trabajo forzoso, la servidumbre por deudas y el trabajo infantil; promesa de matrimonio o unión de hecho servil, incluida la unión de hecho precoz, arreglada, como indemnización o transacción, temporal o para fines de procreación; la adopción ilegal de niñas, niños y adolescentes; la mendicidad; reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la ley; y cualquier otra modalidad de explotación.

El artículo 92 establece las sanciones para el delito de Trata de Personas: con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años; pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años, si la infracción recae en personas de uno de los grupos de atención prioritaria o en situación de doble vulnerabilidad o si entre la víctima y el agresor ha existido relación afectiva, consensual de pareja, conyugal, convivencia, de familia o de dependencia económica o exista vínculo de autoridad civil, militar, educativa, religiosa o laboral; pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años, si con ocasión de la trata de personas, la víctima ha sufrido enfermedades o daños sicológicos o físicos graves o de carácter irreversible; y, pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, si por motivo de la trata de personas se produce la muerte de la víctima. La trata se persigue y sanciona con independencia de otros delitos que se hayan cometido en su ejecución o como su consecuencia.

En el artículo 93, se señala que la víctima no es punible por la comisión de cualquier delito que sea el resultado directo de haber sido objeto de Trata. Tampoco se aplicarán las sanciones o impedimentos previstos en la legislación migratoria cuando las infracciones son consecuencia de la actividad desplegada durante la comisión del ilícito del que fueron sujetas.

En conclusión, la Trata de Personas es un delito en el que se le convence a una persona a través de engaños o amenazas, para que realice actividades en provecho de otra. Es la captación de una persona con el engaño, amenaza o a la fuerza, a menudo con falsas promesas de oportunidades de trabajo o de estudio. Se les llevan lejos de donde viven con el fin de explotarlas. Es considerada la esclavitud del Siglo XXI.

No obstante, existen muchos factores que configuran el delito de Trata de Personas, convirtiéndolo en una actividad ilícita compleja. En efecto, la Trata debe ser entendida en tres momentos principales: captar, trasladar y explotar.

CODIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, COIP Ley 0 Registro Oficial Suplemento 180 de 10-feb.-2014 Ultima modificación: 05-feb.-2018 Estado: Reformado.

Nueva disposición legal, informe de pertinencia de la Contraloría General del Estado, previo a todos los procesos de contratación pública.

La Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en Materia Anticorrupción, Suplemento 392, publicado en el Registro Oficial de 17 de febrero del 2021, en su parte pertinente efectúa reformas inherentes al ámbito de la contratación pública a varios cuerpos legales, entre ellos la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

En lo relativo a este último Cuerpo Legal, la Ley Reformatoria dispone insertar a continuación del Art. 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, lo siguiente:

“Art. 18.1.- Informe de pertinencia previo a todos los procesos de contratación Pública. .La Contraloría General del Estado emitirá un informe de pertinencia, como requisito previo a la suscripción de los procesos de contratación pública determinados en la ley del a materia, por parte de las entidades y organismos del sector público, incluyendo las empresas púbicas u subsidiarias, los financiados con préstamos y/o cooperación, o que se encuentran bajo el régimen especial, en el marco de una declaratoria de emergencia  o estado de excepción. Sin prejuicio de que, posteriormente, pueda realizar los controles previstos para estos procedimientos de contratación.

El objetivo del informe es determinar la pertinencia y favorabilidad para la consumación de la contratación pública. Se regirá bajo los principios de legalidad, celeridad y transparencia; y analizará la pertinencia de la contratación conforme a los parámetros establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional e Contratación Pública; y, de manera  específica, analizará el presupuesto referencial, el monto de la contratación, el tipo del a contratación, el plazo, la legalidad y la transparencia de la contratación pública.

Este informe se entregará en el plazo máximo de quince (15) días, contados a partir de la notificación de la solicitud realizada por la entidad contratante;: y , en el caso de los procesos bajo el régimen especial, de emergencia o estado de excepción, el plazo para su entrega será de setenta y dos (72) horas, contados a partir de la notificación de la solicitud realizada por la entidad contratante.

Si transcurrido el plazo la Contraloría General del Estado no entrega el informe de pertinencia, se considerará como favorable, para proceder con la contratación y constituirá causal de destitución del funcionario a cargo del informe.

En ningún caso se podrá excepcionar de este requisito previo a la suscripción de contratos que se suscriban en el marco de una declaratoria de emergencia o estado de excepción.

La Contraloría General del Estado determinará los documentos que deban adjuntarse a la solicitud. Si la entidad contratante no los adjunta, están incompletos o son imprecisos, se devolverá la solicitud, y el término será contrato a partir de la fecha en que se cumpla lo dispuesto en este artículo.

Una vez emitido el informe previo por parte de la Contraloría General del Estado, las entidades y organismos del sector público podrán proceder a la celebración del contrato correspondiente, tomando en cuenta las observaciones que se hubieren formulado.

Es obligación de la autoridad nacional de contratación pública informar a la Contraloría General del Estado, cada vez que conozca sobre el incumplimiento de lo señalado en este artículo.”

Disposición legal vigente desde el 17 de agosto de 2021.

Autoridades y ciudadanía de San Lorenzo unidos en la campaña ciudadana “SALVEMOS AL MUELLE”

El cantón San Lorenzo del Pailón, ubicado en la zona norte de la provincia de Esmeraldas Ecuador, en los límites con la hermana república de Colombia, es privilegiado al contar en su bahía que tiene forma de paila, con un puerto natural, que no necesitó de dragado para la navegación de buques de alto calado.

Con la construcción y llegada del ferrocarril a San Lorenzo, el 26 de agosto de 1957, nació la necesidad de construir un muelle para facilitar la comercialización de la melaza, tagua, cacao, madera y otros productos de exportación. Así inicia en 1959 la obra de construcción del muelle en la presidencia de Camilo Pone Enríquez, que culmina en 1961 en el cuarto periodo de José María Velasco Ibarra.

Benjamín Chávez Rivera (+), ciudadano sanlorenceño que trabajó como armador en la construcción del muelle, nos cuenta que la construcción del muelle de San Lorenzo tuvo un costo de cinco millones de sucres, que San Lorenzo está ubicado sobre una roca, todo el sector del muelle es una roca, en los trabajos un hombre tenía que bajar al punto para clavar los pilotes de hierro con punta de cuchilla. El muelle se lo clavó con martillo eléctrico, meter tubos y soldar tubos. Había partes con grandes rocas, y para fundir se bajaba con dinamitas según la longitud, esto producía una gran explosión en el mar.

Un muelle que se conjuga con lo cultural e histórico, de un valor sustancial para la población sanlorenceña, regional, nacional e internacional.  Ubicado en una bahía donde se vivifica el folklor, historias y leyendas, que son parte de la vida cultural local; puerto de romances y amoríos de ayer y hoy, rincón de encuentro entre lo natural y humano; morada de duendes, sirenas, rivieles, tundas, bamberos, que encantan y asustan a más de un viejo velero y pescador de alta mar, y; la armonía de convivencia crece cuando negros con cununos, bombos, guasas y marimbas entonan cánticos que hacen bailar a todo ser vivo que habita el lugar.

Al muelle llegaron buques de alto calado como el vapor Pont Audemar, Ciudad de Pasto, Pensacola, entre otros. Época que fue notoria por la ausencia de crisis, y el comercio turístico prosperaba. Se promovía una región próspera, todos se beneficiaban de los productos que llegaban de los buques a precios muy asequibles a la economía local.

Hoy el muelle presenta un deterioro en su estructura y subestructura, evidenciándose corrosión en sus pilotes de acero tubular, y en peligro de colapsar, que sería un impacto negativo para el desarrollo de la historia, cultura, el turismo y la economía regional.

Para reconstruir el muelle de San Lorenzo con un costo aproximado de cuatro millones de dólares, las autoridades y la ciudadanía se han unido en un Comité Ciudadano Pro-reconstrucción del muelle, para emprender acciones y salvar el patrimonio histórico, cultural y fuente de desarrollo turístico y comercial a nivel local, provincial, nacional e internacional de la zona. Entre las estrategias planificadas está el lanzamiento de una campaña ciudadana de CROWDFUNDING, denominada “SALVEMOS AL MUELLE” y sumar aliados estratégicos.

Derechos y deberes de las personas en el ejercicio de la administración pública

El Código Orgánico Administrativo COA en su artículo 31 establece que las personas son titulares del derecho a la buena administración pública, que se concreta en la aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales, la ley y este Código.

DERECHOS DE LAS PERSONAS

Derecho de petición. Las personas tienen derecho a formular peticiones, individual o colectivamente, ante las administraciones públicas y a recibir respuestas motivadas, de forma oportuna.

Debido procedimiento administrativo. Las personas tienen derecho a un procedimiento administrativo ajustado a las previsiones del ordenamiento jurídico.

Acceso a los servicios públicos. Las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos, conocer en detalle los términos de su prestación y formular reclamaciones sobre esta materia.

Se consideran servicios públicos aquellos cuya titularidad ha sido reservada al sector público en la Constitución o en una ley.

Se consideran servicios públicos impropios aquellos cuya titularidad no ha sido reservada al sector público. Las administraciones públicas intervendrán en su regulación, control y de modo excepcional, en su gestión.

Restricciones sobre requisitos formales. Las administraciones públicas no podrán exigir, para ningún trámite o procedimiento, partidas actualizadas de nacimiento, de estado civil o defunción, salvo el caso de cambio de estado civil.

Tampoco se exigirá partida de nacimiento cuando se actuaciones o los procedimientos administrativos, cuando sean requeridos.

Interés general y promoción de los derechos constitucionales. Las administraciones públicas sirven con objetividad al interés general. Actúan para promover y garantizar el real y efectivo goce de los derechos. Fomentan la participación de las personas para que contribuyan activamente a definir el interés general

DEBERES DE LAS PERSONAS

Deber general de solidaridad. Las personas deben promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular. Deben participar en la realización de los derechos y garantías, cumpliendo, para este propósito, con los deberes que el ordenamiento jurídico impone.

Respeto al ordenamiento jurídico y a la autoridad legítima. Las personas cumplirán, sin necesidad de requerimiento adicional, con lo dispuesto en la Constitución, las leyes y el ordenamiento jurídico en general y las decisiones adoptadas por autoridad competente.

Abstención de conductas abusivas del derecho. Las personas ejercerán con responsabilidad sus derechos, evitando conductas abusivas. Se entiende por conducta abusiva aquella que, fundada en un derecho, causa daño a terceros o al interés general.

Las personas se abstendrán de emplear actuaciones dilatorias en los procedimientos administrativos; de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos falsos; o. formular afirmaciones temerarias u otras conductas contrarias al principio de buena fe.

Deber de colaboración con las administraciones públicas. Las personas deben colaborar con la actividad de las administraciones públicas y el buen desarrollo de los procedimientos.

Facilitarán a las administraciones públicas informes, inspecciones y otros actos de investigación en los casos previstos por el ordenamiento jurídico.

Proporcionarán a las administraciones públicas actuantes, información dirigida a identificar a otras personas no comparecientes con interés legítimo en el procedimiento.

Comparecerán ante los titulares de los órganos administrativos responsables de la tramitación de las actuaciones o los procedimientos administrativos, cuando sean requeridos. Denunciarán los actos de corrupción.

Fuente

Código Orgánico de la Administración, publicado en el Registro Oficial  N° 31 del 7 de julio de 2017. Asamblea Nacional del Ecuador.

APLICACIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COA — LÁPIZ SOCIAL

Código Orgánico de la Administración, publicado en el Registro Oficial  N° 31 del 7 de julio de 2017. Asamblea Nacional del Ecuador. El COA es la ley que regula el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el sector público, regentada por principios proclamados en la Constitución de la República del Ecuador […]

APLICACIÓN DE PRINCIPIOS GENERALES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COA — LÁPIZ SOCIAL

SAN LORENZO LEVANTA SU VOZ POR UNA CULTURA DE PAZ, JUSTICIA Y SEGURIDAD

“De camino a casa quiero ser libre no valiente”; San Lorenzo territorio de paz”; “Quien tiene paz en su conciencia lo tiene todo”; “La paz es hija de la convivencia, de la educación, del diálogo”; “La paz comienza con una sonrisa”; “Nos movilizamos porque queremos paz, mujeres aquí nosotras”; “Quiero caminar libre y segura como lo hizo mi mamá y mi abuela”; “Queremos vivir, no sobrevivir”; “Antes de que alcancemos la paz mundial tenemos que encontrar la paz en las calles”; “Mercado municipal unidos por la paz”; “No más violencia”; “Queremos paz y libertad, no más crímenes, queremos seguridad”; “San Lorenzo quiere respeto, amor, solidaridad y paz”; “Todos tenemos una herida cuando un ser querido es asaltado y asesinado, JUSTICIA”.

El lunes 21 de junio de 2021, la ciudadanía de San Lorenzo en una marcha por la paz, seguridad y justicia, levantó su voz ante los hechos delictivos. Ciudadanos con consignas y carteles pedían la paz y atención urgente en el cantón trans-fronterizo del Ecuador.

Este mismo día se reúne la Mesa Ciudadana por la PAZ, SEGURIDAD Y JUSTICIA, para plantear respuestas que se necesitan, y que deban ser integrales y dirigidas a resolver la problemática social desde la raíz. Para ello se necesita el compromiso ciudadano y político de todas las instancias, que creen firmemente en que alcanzar una cultura de Paz en San Lorenzo si es posible.  Exhorto expresado en un MANIFIESTO PÚBLICO PARA LA PAZ, SEGURIDAD Y JUSTICIA EN EL CANTÓN, amparado en la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 11.1 que establece, “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento”.  Y la aplicación de la Ley de Desarrollo Fronterizo, como instrumento legal para el desarrollo económico, social y de seguridad del cantón San Lorenzo, en concordancia con el Art. 249 de la Constitución de la República del Ecuador “Los cantones cuyos territorios se encuentren total o parcialmente dentro de una franja fronteriza de cuarenta kilómetros, recibirán atención preferencial para afianzar una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico, mediante políticas integrales que precautelen la soberanía, biodiversidad natural e interculturalidad. La ley regulará y garantizará la aplicación de estos derechos”.     

San Lorenzo por una cultura de paz.

SISTEMA NACIONAL INTEGRAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, publicada en el Registro Oficial Suplemento 175 de 05-feb.-2018.

El artículo 13, determina que el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es el conjunto organizado y articulado de instituciones, normas, políticas, planes, programas, mecanismos y actividades orientados a prevenir y a erradicar la violencia contra las mujeres, a través de la prevención, atención, protección y reparación integral de los derechos de las víctimas. El Sistema se organizará de manera articulada a nivel nacional, en el marco de los procesos de desconcentración y descentralización para una adecuada prestación de servicios en el territorio. Se garantizará la participación ciudadana, así como los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.

El artículo 14, expresa que el Sistema tiene por objeto prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres mediante el diseño, formulación, ejecución, supervisión, monitoreo y evaluación de normas, políticas, programas, mecanismos y acciones, en todas las instancias y en todos los niveles de gobierno, de forma articulada y coordinada.

Artículo 15.- Principios del Sistema. El Sistema Nacional Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, se soporta entre otros, en los siguientes principios:

1. No criminalización. – Las autoridades, de conformidad con lo que establece el ordenamiento jurídico, no tratarán a la víctima sobreviviente como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie.

2. No revictimización. – Ninguna mujer será sometida a nuevas agresiones, inintencionadas o no, durante las diversas fases de atención, protección y reparación, tales como: retardo injustificado en los procesos, negación o falta injustificada de atención efectiva, entre otras respuestas tardías, inadecuadas por parte de instituciones públicas y privadas. Las mujeres no deberán ser revictimizadas por ninguna persona que intervenga en los procesos de prevención, atención, protección o reparación.

3. Confidencialidad. – Nadie podrá utilizar públicamente la información, antecedentes personales o el pasado judicial de la víctima para responsabilizarla por la vulneración de sus derechos. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo quedan prohibidos. Se deberá guardar confidencialidad sobre los asuntos que se someten a su conocimiento. Las mujeres, en consideración a su propio interés, pueden hacer público su caso. Este principio no impedirá que servidores públicos denuncien los actos de violencia de los que lleguen a tener conocimiento, y tampoco, impedirá la generación de estadísticas e información desagregada.

4. Gratuidad. – Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite derivado, realizado por entidades públicas integrales del Sistema y reconocido por esta Ley, serán gratuitos.

5. Oportunidad y celeridad. – Todas las acciones, procedimientos y medidas contemplados en la presente Ley deben ser inmediatos, ágiles y oportunos, lo que implicará la eliminación de trámites administrativos innecesarios que imposibiliten la atención oportuna de las víctimas.

6. Territorialidad del Sistema. – Todas las instancias que comprenden el Sistema tendrán el deber de coordinar y articular acciones a nivel desconcentrado y descentralizado. Para el cumplimiento de los fines y objetivos de esta Ley, las acciones tendientes a prevenir y erradicar las distintas formas de violencia, así como restituir derechos violentados, deben estar asentadas a nivel territorial.

Derecho al montepío, a la tutela judicial efectiva y juicio de coactiva

Sentencia No. 889-20-JP/21 CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

En el caso del cobro de una deuda por servicio telefónico a una mujer adulta mayor, con discapacidad y en condición de pobreza, que recibía su pensión de montepío, mediante juicio de coactiva, la Corte Constitucional analiza los derechos a la atención prioritaria, la pensión de montepío, a servicios públicos de calidad y desarrolla el derecho la tutela judicial efectiva de derechos.